UGT pide a los ayuntamientos cántabros que elaboren el censo de instalaciones con amianto y un calendario para retirarlo

UGT ha instado a los ayuntamientos de Cantabria a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto y el subsiguiente calendario para su retirada, tal y como estipula la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular publicada hace más de dos años.

El representante de UGT en la Comisión Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cantabria, Pedro Cobo, ha precisado que “sin un censo donde se recojan los lugares con riesgo al amianto, no se puede hacer prevención ni se pueden adoptar las medidas adecuadas que eviten los efectos de este mineral clasificado como carcinógeno de categoría 1A”.

El sindicalista ha recordado que Cantabria ya fue la penúltima autonomía española en firmar en 2023 un convenio entre el INSS y el Gobierno de regional a través de su Consejería de Sanidad para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados por patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.

Ha matizado que, “por fin, ya se han iniciado las primeras reuniones del grupo de trabajo recogido en el convenio”, lo que espera que “vaya dando sus frutos”.

“Aunque se tardó en poner en funcionamiento en Cantabria el convenio entre el INSS y la Consejería de Sanidad hasta 15 años después de que se aprobara en España en el Congreso de los Diputados; ahora toca el turno de los ayuntamientos para realizar el censo de instalaciones y emplazamientos y sus correspondientes calendarios que planifiquen su retirada”, ha agregado el representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS.

Como ha indicado, este calendario deberá realizarse según el grado de peligrosidad de los emplazamientos públicos detectados para la correcta identificación y gestión de estos residuos “porque pueden ser especialmente perjudiciales para la salud de las personas, pudiendo provocar enfermedades graves, desde la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón o carcinomas gastrointestinales o de laringe”.

El sindicalista ha añadido que el censo y el calendario correspondiente tendrán que ser remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales para que inspeccionen y verifiquen que se ha retirado el amianto, así como enviarlo a un gestor autorizado.

“Esto se tenía que haber realizado hace más de un año, tal y como establece la propia ley, aunque la inmensa mayoría de los ayuntamientos no lo ha hecho con el correspondiente riesgo para la salud de los ciudadanos y trabajadores que conviven en los entornos con un mayor grado de peligrosidad y exposición”, ha concluido Cobo.