Se enfrenta a 14 años de cárcel por provocar un incendio en un local de Santoña que obligó a desalojar a 30 vecinos
La Fiscalía de Cantabria solicita 14 años de prisión para un hombre acusado de provocar un incendio en un local de Santoña en octubre de 2021 y que obligó a desalojar a 30 vecinos.
El juicio por estos hechos comenzará este lunes, 5 de mayo, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y está previsto que se prolongue hasta el jueves, día 8, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, indica que el acusado actuó “movido por el resentimiento hacia sus vecinos y con pleno desprecio hacia sus vidas e integridades físicas”.
Así, detalla que “utilizó una llama viva para prender intencionadamente fuego a un local comercial doble” del que era copropietario.
El acusado actuó de madrugada y “a sabiendas de que las llamas se extenderían de forma incontrolada a todo el edificio”, que no contaba con sistemas de alarma antiincendio, “aceptando cualquier resultado por ser plenamente consciente del importante riesgo que generaba”. Acto seguido, echó a correr y se marchó de Santoña en un vehículo.
En ese momento, según relata el ministerio público, pasaba por la calle un hombre conduciendo su coche con las ventanillas bajadas “que se vio sorprendido por una deflagración que se produjo en el local en llamas, reventando los cristales del bajo comercial y alcanzándole la onda expansiva”.
Este transeúnte, un hombre de 32 años que tuvo que ser trasladado al Hospital de Laredo, quedó “parcialmente aturdido y con dificultades de audición”. Sin embargo, al ver que las llamas se extendían en cuestión de segundos por la fachada del edificio, “reaccionó rápidamente y comenzó a dar gritos para despertar a los vecinos”.
Además, les avisó a través de los telefonillos de las viviendas para que abandonaran el edificio. También fue la persona que comunicó los hechos a la Guardia Civil, que acto seguido activó el protocolo de emergencias y avisó a los bomberos que llegaron a los pocos minutos.
Señala la Fiscalía que, “pese al rápido aviso y a la pronta acción de los efectivos, las llamas envolvieron la fachada del edificio”, lo que afectó a las plantas superiores al local y provocó la caída de revestimientos y la combustión del balcón del primer piso.
El fuego no llegó a entrar en el interior de las viviendas, “pero el horizonte de humo abarcó toda la altura del edificio”, generando la acción del acusado “un evidente peligro” que obligó a desalojar a la treintena de vecinos.
También se vieron afectados tres vehículos que estaban aparcados frente al bajo comercial incendiado.
Para la Fiscalía, los hechos, ocurridos en octubre de 2021, constituyen un delito de incendio con peligro para las personas y un delito de lesiones con instrumento peligroso, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de anomalía psíquica, ya que el acusado padecía “un trastorno de personalidad con alteración de comportamiento que afectaba levemente a su capacidad de voluntad, pero no así la intelectiva”.
Por ello, le solicita once años de prisión, a lo que se suma la petición de otros tres año de cárcel por otro delito de lesiones con instrumento peligroso.
En concepto de indemnización, el ministerio público pide un total de 183.600 euros: 146.300 euros para las dos comunidades de propietarios afectadas, 11.700 euros para reparar los desperfectos en viviendas, 8.200 euros para sufragar los daños en vehículos, y 17.400 euros para el transeúnte, por lesiones que sufrió en la cara y por la pérdida de audición y espasmo en un ojo que actualmente padece.
La mayoría de los desalojados pudo volver a sus casas tras la revisión del bloque de pisos, de cuatro plantas más ático y cuatro domicilios por altura. El fuego fue extinguido por los Bomberos de Cantabria y la Policía Local ayudó a la evacuación de los vecinos.
Tras los hechos, la Policía Judicial de la Guardia Civil inició la correspondiente investigación para esclarecer las causas del incendio y, también, si fue intencionado o fortuito.
Poco antes de lo ocurrido, el Ayuntamiento había comunicado al dueño del local comercial calcinado una orden de cese de actividad por carecer de licencia o permiso, pese a lo cual se dedicaba a la venta de ropa y enseres. El entonces alcalde, Sergio Abascal, comentó que se trataba de una persona “conflictiva y problemática” en su relación con los vecinos.
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