Una ONG internacional recoge 77.000 firmas para prohibir que los menores participen en cacerías

Dos cazadores junto a sus perros.

La Fundación internacional Franz Weber (FFW) ha recogido hasta este jueves más de 77.000 firmas en la plataforma Change.org reclamando el fin de la caza para los menores. Así, esta organización animalista se ha amparado en las estadísticas de la Guardia Civil para demostrar que “al menos” 21 menores de edad sufrieron lesiones o fallecieron en España durante las batidas entre 2007 y 2020, lo que evidencia el “peligro” de la exposición de los más jóvenes en la práctica cinegética.

Precisamente, y a pesar de que un niño de cualquier edad puede acudir como espectador a una cacería y de que la caza juvenil está permitida en todo el Estado, elDiario.es contó en febrero de este mismo año que algunas comunidades como Cantabria, Castilla La Mancha, Andalucía o Madrid habían decidido, además, ofrecer la gratuidad total o mayoritaria del permiso de caza a los menores que tengan más de 14 años. Una apuesta firme de algunos gobiernos autonómicos por mantener el relevo generacional en una práctica en plena decadencia, tal y como lo corroboran los datos que emitió el Ministerio de Transición Ecológica en 2019 y que contemplan los registros desde 2005, donde se apunta a que en 14 años el porcentaje de personas que cazan ha bajado alrededor de un 30%.

Ahora, casi diez meses después de que FFW criticase a Cantabria por unirse a la lista de comunidades en las que hay gratuidad en las licencias de los menores, la fundación ha hecho aún más firme su propuesta reprobando, directamente, que los menores tengan permitido acudir a las cacerías, y lo han hecho a través de esta petición en Change.org que pretende alcanzar las 150.000 firmas.

Además, también han exigido la prohibición amparándose en dos leyes: por una parte, la Ley del Menor de 1996; y, por otro, la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. De esta forma, han cargado directamente contra la normativa actual por exponer a los menores “a riesgos mortales”, y han explicado que, según diversos estudios, existe una vinculación entre la exposición a la violencia durante la niñez y adolescencia y el desarrollo de problemas de salud mental: “La participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas”, han aseverado.

Asimismo, han indicado que la propia Ley del Menor establece que es “un deber” de todo niño y adolescente “respetar a los animales”, algo que, para ellos, difiere de la estrategia de los gobiernos que ponen facilidades para cazar. “Pretenden promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza”, han declarado desde la fundación.

De igual forma, han mencionado también a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE por establecer entre sus objetivos “que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado” algo que para los ecologistas no se sostiene con el fomento de la actividad cinegética.

Sobre ello, los naturalistas consideran que el supuesto “relevo generacional” no debería ir “por encima de la integridad de los chavales”: “Defendemos cambios normativos urgentes para impedir que un solo menor resulte lesionado como consecuencia del interés de padres, hermanos o abuelos”, han aseverado antes de asegurar que es una “irresponsabilidad” permitir que personas que no tienen capacidad de votar o conducir porten armas de fuego. “Las balas 'rebotadas', las distracciones o los accidentes son habituales, con el consiguiente riesgo de muerte”, han añadido.

Cabe recordar que la normativa española permite a los niños de cualquier edad ser espectadores en las cacerías a pesar de que no es hasta que cumplen 14 años cuando pueden participar activamente en las mismas, así como obtener una autorización especial para disparar armas de gran calibre. De igual forma, tal y como indica el Reglamento de Armas, en vigor desde hace casi 30 años, el permiso para portar un arma no llega hasta los 16 años: “El Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por el uso de armas de fuego en menores de 18 años, y si ahí se sitúa la mayoría de edad para otras cosas no entiendo por qué aquí no”, aseveró hace unos meses la representante de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (DEAN), Victoria Cedrún en una entrevista con este periódico.

No obstante, más allá del relevo generacional, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, el regionalista Guillermo Blanco, insistió en su momento en que el motivo “principal” que había llevado al Consejo Regional de la Caza a tomar la determinación de dar la licencia gratis a los mayores de 14 años, era atender a “una vieja reivindicación” como es la seguridad jurídica que se les proporciona a aquellos que pretenden llevar a sus hijos o nietos como acompañantes a las cacerías. Y es que Blanco recordaba que si los menores no están inscritos y, por tanto, no tienen licencia, Seprona puede denunciar a los adultos que le acompañan. Sobre ello, Cedrún alegó que “la seguridad jurídica no implica seguridad en su integridad física”, por lo que esta medida “solo es una manera de legalizar una situación que ya existe”. “Lo único para lo que sirve es para que el seguro les cubra en caso de que ocurra algo, así que me da la sensación de que lo que quieren es escudarse en que si un menor tiene un accidente o lo provoca, ya no tengan que pagar ellos sino el seguro”, sentenció la animalista.

Sin embargo, más allá de que las licencias sean gratuitas o no, desde Franz Weber insisten en que los poderes públicos tienen la “corresponsabilidad”, junto con las familias, de desarrollar “medidas para proteger a las personas menores de edad, y de crear un entorno saludable, que les garantice valores éticos y educativos adecuados en cada una de sus etapas”. Por ello, consideran que dejar que estos puedan cazar o participar en la actividad “es una aberración desde todo punto de vista”.

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