PACMA recurre el rechazo de la Justicia a las cautelares solicitadas para frenar el abatimiento de lobos en Cantabria

El Partido Animalista PACMA ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander por el que se rechazan las medidas cautelares que había solicitado para frenar la resolución del Gobierno de Cantabria que autoriza las extracciones de lobos en la comunidad autónoma.

En un comunicado, PACMA ha denunciado “obstrucción” en la investigación penal por la autorización de “matanzas” de lobos en Cantabria y ha criticado que el rechazo a las cautelares se ha adoptado “sin entrar en el fondo del asunto” y por “motivos infundados” en los que se alega una “supuesta falta de competencia y de jurisdicción”.

“El partido ya ha recurrido al considerar que la vía penal es la única competente y que cualquier resolución que lo niegue puede incurrir en la vulneración de derechos”, ha afirmado esta formación política, que ha indicado que las recurrirán “hasta las instancias que sean necesarias”.

Además de querellarse contra la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, a quienes acusa de delitos de falsedad en informes periciales, falsedad documental, prevaricación y maltrato animal, Pacma pedía suspender la resolución del 2 de abril de esta Dirección General por la que se estableció el cupo de extracción de ejemplares de lobo en la comunidad autónoma para la temporada 2025-2026, extremo que ha descartado la jueza en un auto fechado el 6 de noviembre.

Pacma ha presentado recurso de reforma y subsidiaria apelación ante la misma jueza, que ahora debe resolverlo. Si lo deniega, pasará a la Audiencia Provincial, han explicado fuentes de PACMA a Europa Press.

La investigación penal “sigue avanzando”

El partido ha indicado que, pese a este rechazo a las cautelares, la investigación penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander contra estos altos cargos del Gobierno regional (PP) por presunta prevaricación, falsedad documental y maltrato animal “sigue avanzando pese a los intentos de archivo por parte de los investigados”.

Ha añadido que los informes que autorizaban las matanzas requeridos por el juzgado “han sido finalmente aportados tras la insistencia” de Pacma y ha afirmado que, en dicha documentación recientemente remitida, Serdio “señala expresamente como autores de los informes empleados para fijar el cupo de extracción 2025/2026 al jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y firmante del informe técnico, y en el ámbito jurídico, a dos responsables de la asesoría jurídica”.

Pacma sostiene que los informes utilizados para autorizar la extracción de lobos “pudieron ocultar el estado de conservación desfavorable de la especie, reconocido oficialmente por España ante la UE, lo que invalidaría cualquier autorización de caza y podría constituir delito de prevaricación”.

Además, la formación política ha manifestado que, de revocarse las autorizaciones administrativas para cazar lobos en las comunidades autónomas donde se han querellado, procederá a interponer denuncia por presuntos delitos de maltrato de animales protegidos, con agravante de muerte, previstos y sancionados con hasta tres años de prisión por cada animal abatido, con las accesorias de inhabilitación para tenencia de armas de hasta cuatro años.

Auto de rechazo a las cautelares

En el auto dictado, la jueza sostiene que “no ha lugar a las medidas cautelares interesadas” por el partido porque no se dan los requisitos para aplicarlas, además de que “ni contamos con indicios suficientes sobre la criminalidad ni la urgencia resulta acreditada”.

Como explica, “se solicita una medida cautelar cuya adopción no es posible en el seno de un procedimiento penal, ya que se está pidiendo la suspensión cautelar de una resolución administrativa, no siendo esta la jurisdicción apropiada para tal finalidad”. Así, señala que las partes deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa: “Se pretende suspender la actuación de la Administración pública de la comunidad autónoma de Cantabria y esta actuación no puede ser llevada a cabo por esta juzgadora por carecer de jurisdicción para ello”.

Además, añade que “ni resulta proporcional” ni existe 'periculum in mora' (peligro en la demora), “siendo un tema recurrente que ha sido ya cuestionado en diversos procedimientos, por lo que en este momento en que nos encontramos, ni contamos con indicios suficientes sobre la criminalidad ni la urgencia”. La Fiscalía también había emitido informe por el que se oponía a las medidas interesadas.