El PP califica de “falacia” que el problema del alquiler en Cantabria sea por las viviendas turísticas

A raíz de que la oposición haya salido en tromba a criticar el nuevo decreto del Gobierno de Cantabria para regular los pisos turísticos, el PP ha manifestado su posición favorable al mismo defendiendo su “conveniencia”. Al mismo tiempo, los populares han calificado de “falacia” que el problema del alquiler que padece la comunidad sea causado por estos alojamientos vacacionales.

Así lo ha afirmado el diputado autonómico y portavoz de Turismo del PP, Alejandro Liz, pese a que la realidad del mercado de la vivienda en alquiler habla por sí sola, con más del 80% de la oferta dedicada a temporada en zonas especialmente turísticas y con unos precios totalmente disparados.

No obstante, el PP ha sacado por enésima vez a escena el mantra de la 'okupación' para ofrecer su visión particular sobre lo que está ocurriendo con la vivienda. “Lo que dificulta el alquiler de larga duración es la legislación de la vivienda que propugna el Gobierno de Pedro Sánchez, que protege más al inquilino moroso o al okupa que al legítimo propietario que no se atreve a alquilar su inmueble en estas condiciones o la alquila por temporada exclusivamente”, ha señalado el parlamentario popular, pidiendo que se “dé seguridad a los propietarios y el alquiler para fijo aumentará su oferta”.

No es novedad este discurso en esta formación, ya que en reiteradas ocasiones el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), se ha expresado en término similares, abogando por una normativa cántabra que “proteja la propiedad privada y haga frente a la okupación” y rechazando aplicar la ley estatal porque “regular la vivienda se hace en países comunistas como Cuba”, en sus propias palabras.

Lo que sí llama la atención es que el diputado Liz, para apoyar su tesis sobre los problemas en el alquiler de larga estancia, haya argumentado que “en Cantabria existen unas 5.000 viviendas turísticas y, sin embargo, hay cerca de 50.000 viviendas vacías”. Y es que la mayor parte de los alojamientos turísticos no están registrados, de ahí la necesidad de sacar adelante un nuevo decreto regulador. De hecho, el propio Gobierno de Cantabria ha reconocido no poder cuantificar el turismo que absorbe la comunidad por esos “pisos ilegales”.

“Que aporten o que aparten”

Respecto al decreto que se encuentra en fase de consulta pública, Liz ha manifestado que “da certeza y seguridad jurídica a los interesados y conjuga la salvaguarda de los derechos de los vecinos con el respeto a la propiedad privada y el derecho de los propietarios a sacar rendimiento a sus inmuebles”.

En este sentido, ha considerado “infundadas” las críticas de los partidos de la oposición a un documento que “ha buscado el mayor consenso posible con todos los agentes del sector, municipios y asociaciones” y que se encuentra en fase de alegaciones. Por ello, les ha invitado a “dejarse de soflamas en los medios y a realizar cuantas alegaciones consideren oportunas para mejorar y enriquecer el texto”. “Que aporten o que aparten”, ha dicho.

El diputado del PP ha expresado que le “llama la atención que regionalistas y socialistas critiquen el proyecto cuando de cara a su elaboración solo el Ayuntamiento de Santander y el de Arnuero, ambos del PP, han realizado propuestas, pero ninguno del PRC o del PSOE”.

Además, le resulta “curioso” que el PRC, “al que le faltó el coraje de sacar adelante una propuesta regulatoria de las viviendas turísticas en diciembre de 2022 por la cercanía de las elecciones”, reproche al actual Gobierno falta de ambición de la propuesta actual o la supuesta tardanza en sacarlo. “Falto de ambición e inútil fue el decreto aprobado por el bipartito PRC-PSOE en 2019, vigente en la actualidad, porque no tuvieron el valor de reformarlo”, ha afirmado.

Finalmente, el portavoz de Turismo del PP ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “ha llegado tan lejos como le permiten sus competencias” en esta materia porque solo tiene facultades de “ordenación turística” y que “nunca” va a invadir competencias que nos son suyas: “la regulación económica o fiscal corresponde al Gobierno de España y la regulación urbanística corresponde a los ayuntamientos”, ha concluido.