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El Gobierno de Cantabria reconoce no poder cuantificar el turismo por los pisos ilegales pero asegura que “todavía hay margen de crecimiento”

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, en el Parlamento

Rubén Alonso / Europa Press

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El Gobierno de Cantabria ha reconocido no ser capaz de cuantificar el volumen de crecimiento que absorbe ahora mismo la comunidad por culpa de los “alojamientos ilegales”, es decir, los pisos turísticos cuya proliferación descontrolada está siendo señalada como un problema para el acceso a la vivienda de los residentes locales, así como de competencia desleal para los establecimientos hoteleros.

“Es difícil saber la cantidad de turistas que absorbe la comunidad ahora mismo dados los alojamientos ilegales, los que tienen segunda residencia o los que llegan en autocaravanas que no se reflejan en los registros”, ha dicho este miércoles la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP). No obstante, y pese a desconocer las cifras, la dirigente popular ha asegurado que en Cantabria “todavía hay margen de crecimiento”.

En este sentido, Fernández ha defendido que el crecimiento del turismo que se está produciendo en España “difiere de unas comunidades a otras”. “Bien regulados los flujos turísticos y bien reguladas las épocas en las que podremos distribuirlos, en Cantabria todavía hay margen”, ha insistido.

La consejera se ha pronunciado de esta forma a preguntas de la prensa a raíz de que hace dos días la Asociación de Turismo Rural de Cantabria se quejara de que la Consejería no les ha hecho llegar aún ni un borrador del nuevo decreto regulador de viviendas turísticas.

Al respecto, Fernández ha asegurado que el citado borrador está “prácticamente listo” y que lo dará a conocer “en cuestión de días”, probablemente la semana que viene. En este sentido, la titular de Turismo ha defendido que está siendo un documento “complejo” de elaborar ya que se ha tratado de “escuchar a todo el mundo” para buscar el “máximo consenso”.

“Solo tenemos las competencias turísticas y aquí hay muchas cuestiones que son competencias urbanísticas y por lo tanto que no las podemos asumir, entonces poder encajar todo eso y lograr un documento con el máximo consenso y que resulte una herramienta medianamente eficaz para la regulación de los pisos, pues está siendo una tarea compleja”, ha argumentado Fernández preguntada tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Festivales.

Una vez se publique el borrador, tendrá que salir a información pública y tramitarse informes de otros departamentos ajenos a la Consejería, por lo que la titular ha señalado que es “muy difícil aportar una fecha precisa” de cuándo estará el documento definitivo aunque ha reiterado que será en otoño -octubre o noviembre-.

Obligaciones

La consejera ha avanzado sobre el contenido de la nueva normativa que impondrá a los pisos turísticos obligaciones como contar con un seguro de responsabilidad civil y un informe de compatibilidad urbanística que deben emitir los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias para decidir dónde se pueden ubicar esas viviendas.

Ese documento, según ha dicho, también abrirá una posibilidad de actuar a la Consejería. “Ese informe nos va a permitir a nosotros poder actuar de forma que ahora no podemos”, ha explicado la titular, que, no obstante, ha aclarado que no tiene competencias para imponer a los pisos turísticos un impuesto similar al que pagan otros alojamientos.

Esa es una de las reclamaciones que hace el sector, que quiere que estos pisos se declaren como actividad económica y paguen impuestos como el resto, pero este asunto “es competencia de Hacienda estatal”, ha incidido Fernández, añadiendo que “de momento, hasta donde sabemos, no hay intención de hacerlo”.

“Ese es uno de los problemas. La vivienda de uso turístico, aunque tenga un uso turístico, es una vivienda. Por eso no podemos exigirle, por ejemplo, una mayor habitabilidad en la que se exige una vivienda de uso residencial, o no podemos exigir más equipamientos porque estamos hablando de una vivienda. No está declarada como actividad económica y no paga impuestos de actividades económicas”, ha explicado la consejera.

Al hilo también ha remarcado que los pisos turísticos existen “desde hace muchos años” pero el problema que provoca su auge es “más bien reciente” y, a su juicio, se ve “agravado” por la Ley de Vivienda nacional, que “no favorece el que haya vivienda para otra cosa que no sea de uso turístico” por las “dificultades que entraña” para ponerlas en alquiler. En este sentido, la consejera de Turismo ha hecho referencia al mantra de la 'okupación', como ha hecho en varias ocasiones el titular de Vivienda del Gobierno autonómico: “Un inquilino que no paga puedes tener muchos problemas para deshacerte de él”, ha dicho al respecto.

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