Agricultura pide que APAM aclare las afirmaciones sobre brigadas de investigación
La Consejería de Agricultura ha pedido mediante un escrito a la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) que aclare sus afirmaciones sobre las brigadas de investigación de incendios, pues no se ajustan “a la realidad”. El escrito, registrado este viernes y al que ha tenido acceso a Europa Press, está dirigido a Rubén Cabrero, presidente de APAM, tras el comunicado de prensa que difundió a los medios en el que denunciaban que la campaña de alto riesgo de incendios forestales se ha iniciado sin la constitución de las Brigadas de Investigación (BIIF), “por tercer año consecutivo, después de que el Gobierno regional decidiese eliminarlas”.
En el escrito del departamento que dirige en funciones María Luisa Soriano se indica que en la presente anualidad se ha procedido a la asignación de la categoría funcional 'Agente Investigador de Causas de Incendios' a los correspondientes funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes Medioambientales que están “desempeñando óptimamente sus funciones con arreglo a la normativa”. Asimismo, fuentes de la Consejería de Agricultura han señalado que estas afirmaciones son “radicalmente falsas” porque son 205 agentes los que forman parte del cuerpo de agentes medioambientales y realizan estas funciones. Estas fuentes añaden que dentro de este cuerpo hay dos agentes destinados a cada provincia que desempeñan estas funciones y cuatro en cada provincia en el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 2 de agosto.
Los Agentes Medioambientales denunciaron que esta es la tercera campaña en la que el Gobierno regional ha decidido prescindir de las Brigadas de Investigación de los Incendios Forestales, incluso durante la campaña de alto riesgo, y a pesar de los reiterados consejos de estos profesionales e instituciones como la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo han recomendado que se mantengan. Además, los profesionales han culpado al Gobierno de María Dolores de Cospedal de “únicamente poner trabas” a su trabajo, impidiendo la investigación de los siniestros.
La Asociación de profesionales ha asegurado además que ha llevado la situación a la Fiscalía General del Estado y que la Administración castellanomanchega no ha reaccionado. El resultado, señalan, es que muchos incendios se han quedado sin investigar, a pesar de que el Código Penal recoge los delitos por incendio forestal y que los agentes medioambientales están obligados a poner en conocimiento judicial estos hechos. “Tenemos una responsabilidad legal como Agentes de la Autoridad y Policía Judicial que somos”, han asegurado los profesionales, que han afirmado, incluso, que pueden acarrear una responsabilidad penal por el incumplimiento de sus obligaciones.
