UPA exige al Miteco que abandone los planteamientos de revisión o extinción de derechos de agua en el Alto Guadiana

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de desafortunada y profundamente provocadora la segunda visita a la región de la directora general del Agua, en el marco de la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real bajo el título ‘Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas’.

«Resulta inaceptable que se traslade públicamente la idea de que el Ministerio abra la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana. Este no es el camino», ha señalado con contundencia el secretario general de la organización a través de un comunicado, tras escuchar las palabras de la directora general en las que el Ministerio abre la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana.

Según Morcillo, en Castilla-La Mancha existía una fórmula de consenso que alcanzó su máxima expresión en el Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG, y el Consorcio. Allí trabajaron de la mano el Gobierno de España y el Gobierno regional. Se plantearon actuaciones estructurales como la Tubería Manchega, la compra de derechos legalmente inscritos en el Registro de Aguas y la regularización de explotaciones de leñosos. «Un modelo basado en el diálogo, la participación y la corresponsabilidad institucional“.

«Desde UPA exigimos al Ministerio y al Gobierno de España que reconduzcan su posición con Castilla-La Mancha y que abandonen cualquier planteamiento que suponga la revisión o extinción masiva de derechos en el Alto Guadiana»,, ha señalado Morcillo. Es fundamental que el PEAG siga vigente y que se dote económicamente conforme a los compromisos públicos asumidos, entre ellos el anuncio público en Alcázar de San Juan realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de destinar 250 millones de euros al desarrollo del plan.

La organización, especialmente activa en aquel proceso, advierte de que no va a aceptar que ahora se pretenda sustituir el consenso social y político por construcciones jurídico-administrativas orientadas a justificar decisiones ya redactadas y escenificadas en la jornada de Ciudad Real.

Sin embargo, este planteamiento del Ministerio no es nuevo. En la jornada virtual celebrada en 2021, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda, ya advertía que el cambio climático era un desafío ya que esperaba una reducción de las precipitaciones del 13% y eso implicaba menos agua para regar si no hay para abastecimiento humano y para mantener los caudales ecológicos en la cuenca, tanto en superficie como bajo tierra.

En esta misma jornada del 2021, el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica, José Ángel Rodríguez, señalaba que “no queda margen para la demanda agraria de origen superficial”, para advertir también que “no hay más agua para concesiones de riego” que las indicadas en el plan. De hecho, decía, “el problema real es que no va a haber agua” y a eso se tienen que ir haciendo a la idea no solo en el Alto Guadiana sino en toda la cuenca del río.

Más de la mitad del regadío de la región

En el comunicado, UPA también recuerda que el Alto Guadiana concentra más de la mitad del regadío de la región, con lo que supone a nivel social y económico. De él depende una parte sustancial de la economía regional, no solo del sector agrario, sino también de la agroindustria, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Plantear en una jornada jurídica la posible extinción de derechos consolidados constituye «una provocación innecesaria y una amenaza directa a la estabilidad socioeconómica del territorio». Más aún cuando en otras cuencas hidrográficas se habla de garantizar derechos mediante desalinización o trasvases. «Es una doble vara de medir que no podemos aceptar».

Como ya ha denunciado en otras ocasiones, UPA incide en la situación de bloqueo administrativo que arrastran numerosos expedientes en la Confederación. «Demostrando ser una inútil en la gestión administrativa, con agricultores que llevan más de cuatro años esperando una resolución. En casos la respuesta que reciben es que deben esperar dos o tres años más».

Julián Morcillo denunció en el mes de diciembre lo preocupante de que la Administración General del Estado haya llegado a plantear, en el borrador de esquemas importantes, la posibilidad de retirar ayudas de la PAC a un agricultor por el mero hecho de abrirle un expediente sancionador; sin esperar a su resolución firme. “Eso vulnera principios básicos de seguridad jurídica”, denuncian.

En relación con la regularización de los expedientes de los pozos de 7.000, UPA recuerda que fueron regularizados mediante la compra de derechos legales inscritos en el Registro de Aguas; derechos que tienen la misma validez jurídica que cualquier otro título concesional, señala.

“Lo que hace falta no es una ofensiva jurídica contra los regantes, sino un pacto social e institucional. Este no es el camino. El camino es el diálogo, el consenso y el respeto a los derechos legalmente reconocidos», concluyen desde UPA.