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Aprobados los primeros 29 millones de euros en ayudas para organizaciones y centros que trabajan con personas con discapacidad

CADIG Benquerencia / JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado la resolución de la convocatoria para entidades privadas que trabajen con el colectivo con discapacidad, por una cuantía total de 52,3 millones de euros. La portavoz de Gobierno, Blanca Fernández, ha explicado que se trata primero de la resolución de 16 expedientes de proyectos, de más de 750.000 euros cada uno, para el mantenimiento de centros, servicios y programas destinados a prestar atención personalizada a las personas con discapacidad. Este importe de 29 millones de euros es el primer paso, que luego se completará con ayudas en las próximas semanas para los ayuntamientos, por lo que el total rondará los 60 millones de euros.

"La convocatoria ha vivido un incremento desde 2015 de 12 millones de euros, un 30% de incremento presupuestario para la mejora de la calidad de vida a las personas con discapacidad", explicó Fernández. De este modo, se pretende financiar la labor de prácticamente 200 entidades de iniciativa social, que atienden y ayudan a más de 10.000 familias de la región. Podrán cofinanciarse los gastos de personal y mantenimiento de programas de apoyo residencial, en viviendas, residencias o centros, así como gastos de integración socio-laboral, que se lleven a cabo en centros ocupacionales, o de apoyo a la autonomía personal en centros de día y de atención temprana, en centros de desarrollo infantil. "Para el desarrollo de todas sus potencialidades desde su más tierna infancia", aseveró Fernández, al respecto.

Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales

El Consejo de Gobierno aprobó también el Proyecto de Ley por el que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. De este modo, se dota al colectivo de una "organización adecuada" para garantizar la representación de estos profesionales y también ayudar a su comunicación con las administraciones pública. Fue la misma Asociación de Ciencias Ambientales de la región la que pidió la creación de este colegio.

Desde la Junta recuerdan también que será el sexto colegio que exista en España, tras otros como Cataluña y Madrid, y que los profesionales necesitaban un colegio para "ordenar" el ejercicio de la profesión en la región. También servirá como un medio para cuidar el "rigor y la calidad" de los servicios profesionales de protección del medio ambiente y prestar un servicio de "calidad" a las personas usuarias y consumidoras.

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