El Ayuntamiento de Alcázar intentará conceder el contrato de limpiezas en campaña electoral
Tras conocerse que la valoración de las ofertas para encargarse del contrato de limpieza viaria de Alcázar de San Juan había sido realizada por un imputado en el caso Brugal por, entre otras actividades, presuntamente hacer estos informes dando puntuaciones fraudulentas para que las empresas que le interesaba consiguiera contratos públicos a cambio de dinero o favores hacia altos cargos del PP, de la Diputación de Alicante o de ayuntamientos de la provincia, el alcalde Diego Ortega ha comparecido para expresar que el Gobierno municipal no tenía constancia de que estaba imputado y ha querido dejar clara la limpieza de todo el proceso de licitación.
“Si alguien puede demostrar que ya se ha concedido el contrato, presento mi dimisión. Estoy seguro de que lo haría cualquier miembro del Gobierno y yo abandonaría mi candidatura a la Alcaldía del 24 de mayo”. Con esas palabras el alcalde de la localidad quiere señalar que no ha habido mala fe por parte del Consistorio en ningún momento, que no se conocía la imputación del técnico José Vicente Jiménez Baena y que por ello el Ayuntamiento ha sido el primero que ha pedido un nuevo informe (aunque no obstante se ha hecho cuando ha salido a la opinión pública este informe).
Diego Ortega también ha querido acusar a la oposición en el Gobierno, a los miembros de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar (a quien acusa de haberse convertido en una plataforma política y no ciudadana) y al resto de partidos de la localidad de querer señalar al Gobierno municipal cuando no ha realizado ninguna acción ilegal ni con un mal procedimiento a su juicio. Además ha querido recalcar que después de que se encargue este nuevo informe el Ayuntamiento va a intentar por todos los medios que en el mes que le queda en el cargo hasta las elecciones se licite en su totalidad el contrato, que es el de mayor cuantía de presupuesto municipal (18 millones por seis años de contrato) y que había sido concedido en un primer momento a FCC, misma empresa a la que se le había vendido el 52% de 'Aguas de Alcázar' (FCC-Aqualia).
“Intentan utilizar este hecho de manera electoralista”, según Ortega, que ha querido garantizar que el Ayuntamiento ha actuado correctamente en todo el proceso. Sin embargo la oposición le pide que deje la licitación de este contrato anulada ante la falta de legitimidad de un gobierno al que le queda un mes en el cargo, y que sea el nuevo gobierno resultante de las elecciones el que se encargue de ello, ya con el aval del voto ciudadano recién efectuado. Algo que según miembros del Gobierno no va a ser así y quieren realizar aunque sea en plena campaña electoral, con el compromiso presupuestario en que dejará al Gobierno resultante de las urnas el 24 de mayo.
Ortega también ha acusado a los miembros de la Plataforma ciudadana del agua de tener una actitud “radical y antidemocrática” por oponerse a que la misma empresa que se ha llevado el agua municipal se lleve otro servicio que supone el 70% del presupuesto anual municipal.
El mismo consultor imputado del que se ha rechazado el informe fue quien hizo los pliegos de contratación iniciales del proceso, un trabajo por el que cobró 10.890 euros. Si se rechaza el informe consultivo que hizo, la oposición pregunta por qué no se rechazan los pliegos de condiciones, que también los hizo él y que son la base de toda la contratación. Tampoco se puede volver a valorar los datos técnicos de las ofertas de contratación cuando ya se conoce la oferta económica (se debe hacer sin conocer el precio, siempre antes) por lo que si se concede la adjudicación, aunque haya un nuevo informe hecho por otro consultor, es prácticamente seguro que se declarará nula la licitación.
No obstante el gobierno, a pesar de que le quede un mes en el cargo, sí puede conceder en 15 días el contrato, porque la propuesta de adjudicación a FCC (la empresa ganadora del concurso a pesar de costar sus servicios un millón de euros más) no se ha retirado, sino que sigue en pie. Su aprobación en Pleno municipal se puede realizar en cuestión de días al no haberse retirado, estando presentada con el anterior informe del consultor imputado.
Los pliegos de contratación que hizo el imputado tampoco los quiso firmar el técnico municipal, que aludió que se negaba a hacerlo al no haber efectuado los estudios. Esos pliegos técnicos, que debe firmarlos un técnico, están firmados por el concejal Ángel Puente, algo también irregular en todo un proceso que ahora mismo se encuentra, a la espera del informe consultivo por la vía libre, parado unos días.
