Cargos públicos que solo firman, técnicos que deciden todo y otras defensas en el macrojuicio de Chiloeches

Aunque no todos coincidieron en el tiempo ni en el espacio, hay un punto en común entre todos los ex cargos públicos que ya han declarado en el macrojuicio por el incendio de una planta de residuos peligrosos en Chiloeches hace cinco años: ninguno sabía casi nada, todo era cosa de los técnicos. Uno a uno, los seis ex altos cargos públicos del Gobierno de Castilla-La Mancha y el ex alcalde de la localidad alcarreña, se han aferrado a este argumento interrogados por el Ministerio Fiscal en las primeras comparecencias del juicio. Solo firmaban los documentos que les hacían llegar los técnicos y eran estos últimos quienes decidían. Según sus testimonios de defensa, así fue siempre de 2007, año en el que se detectaron las primeras irregularidades de la instalación.

Las primeras claves de esta argumentación quedaron claras en la primera sesión del juicio por boca del que fuera director general de Evaluación Ambiental desde 2005 a 2008, Miguel Ángel Yuste, para quien la Fiscalía pide 28 meses de multa de cuota diaria de 20 horas y 12 años de inhabilitación, por delito de prevaricación medioambiental; y de Carlos José Blázquez, quien ocupó ese mismo cargo de 2009 a 2011, y para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por el mismo delito. Ambos llegaron a incluso a contradecirse en la fórmula administrativa con la que se aprobó la autorización ambiental de 2008 por la que siguió operando la planta incendiada, propiedad entonces de la empresa Kuk Medioambiental, también imputada en el proceso.

Las instalaciones ya contaban con infracciones desde mayo de 2007 por vertidos y derrames pero Yuste mantuvo en su declaración que no conocía los detalles del expediente porque “había miles” y que si los técnicos consideraron que las infracciones continuaban, se lo hubieran comunicado. “Si no me dicen nada, pienso que las cosas van siguiendo su cauce. ”Están formados para ello y yo, como director general, si ellos me dicen algo, no lo voy a cuestionar“.

Así, preguntado por si no se interesó por el resultado de los requerimientos de los técnicos, ha contestado que no se dedicaba “a un expediente al día”. “Tampoco sabría gestionarlo ni tengo los conocimientos para entrar en los entresijos de un expediente en concreto”, ha recalcado. Y poco después, agregó: “Un director general no está con todos los expedientes encima de la mesa”. Por su parte, su sucesor en el cargo ofreció otra versión sobre ese mismo expediente pero también alegando que se traba del criterio de los técnicos. “Un director general no entra en las tripas de un expediente”, fue uno de sus argumentos.

La defensa de las dos ex altos cargos siguientes no fue muy diferente, salvo algunos matices. Por ejemplo, la directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015, Matilde Basarán; y la jefa del Servicio de Control de Calidad Ambiental en el periodo de mayo de 2013 hasta la actualidad, Olga Villegas, acusadas también de un delito continuado de prevaricación, ratificaron que realizaron el trabajo conforme a sus competencias y dejaron entrever que nunca habían tratado de favorecer a nadie en su trabajo.

Ambas apuntaron que sus actuaciones siempre se llevaron a cabo con criterio y siguiendo los procedimientos establecidos en sus respectivos departamentos sin que se haya realizado nada ni para favorecer ni para perjudicar a la empresa propietaria de la planta, Kuk Medioambiental, donde supuestamente se estaba trabajando desde hacía algún tiempo con materiales tóxicos sin tener autorización para ello.

Baile de competencias

Pero el baile de competencias y las complejidades técnicas siguió en comparecencias posteriores, como sucedió durante el interrogatorio del ex viceconsejero de Medio Ambiente Sergio David González Egido, que estuvo este cargo entre 2015 y 2016, y anteriormente fue delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara. Fue cesado como viconsejero poco después del siniestro en el que ardieron 20.000 toneladas de residuos peligrosos, aunque en su momento defendió que fue él quien pidió la renuncia por motivos personales.

También negó trato de favor a las empresas que gestionaban la planta incendiada y se escudó en su cargo “político” para eludir cualquier responsabilidad en el hecho de que estas instalaciones tuvieran autorización para tratar más cantidad de residuos cuando ya constaban deficiencias e irregularidades en el pasado.

Al igual que otros ex altos cargos, afirmó que no entraba “en el detalle de los expedientes y que los firmaba confiando en el criterio de los técnicos”. González Egido está acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental y el Ministerio Fiscal pide para él una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión y 22 meses de multa a 20 euros diarios. Preguntado por su papel en varias tramitaciones administrativas referentes a estas instalaciones, argumentó: “Son los técnicos quienes lo evalúan y lo redactan, yo no intervengo en la gestión administrativa. Asumía que lo que firmaba estaba de acuerdo con la legalidad”.

Antes de González Ejido, declaró José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial en 2011 y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental hasta la actualidad, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión por prevaricación medioambiental. En su caso, parte del testimonio ante la fiscal se centró en la petición de información a la empresa gestora de la planta por su incompatibilidad urbanística, preguntándole si ninguno de sus antecesores le informó, cuando llegó al cargo en 2011, de que esa planta no tenía una “filosofía de cumplimiento” de las normas. “Nadie me habló de ello. Pero todo se hizo conforme a los servicios jurídicos. Pedimos información al Ayuntamiento de Chiloeches y a la empresa”. Después, y ante ese baile de competencias, recalcó que era el Ayuntamiento quien tenía la competencia de clausurar la planta.

De igual modo, en cuanto al hecho de que el Grupo Layna, que entró a gestionar el 90% de la planta en octubre de 2015 y que también está imputado, dijo no tener constancia de ello porque “en el expediente no figuraba”; y al igual que otros ex altos cargos imputados ha responsabilizado a los técnicos de ser quienes tomaban las decisiones. “No revisé ese expediente al detalle, mi participación en esto es autorizar el trabajo que prepara el técnico”.

La declaración del exalcalde

Y esta última semana se ha producido una de las declaraciones más importantes, la del exalcalde y exconcejal de Urbanismo de Chiloeches, César Urrea. Ha sido el último cargo público y el político para quien la Fiscalía pide una mayor pena de prisión: 14 años de inhabilitación y cinco de cárcel por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Su defensa fue muy similar. Dijo haberse enterado “de todo” el proceso de instrucción de esta causa, tanto de la situación ilegal de la planta por la falta de informe de compatibilidad urbanística, como de las actuaciones que allí se estaban desarrollando. Es decir, desconocía la supuesta trama criminal de gestión de residuos peligrosos que, según la Fiscalía, operaba desde la planta.

También afirmó desconocer que, durante el tiempo en que fue concejal de Urbanismo, las instalaciones no tuvieran licencia de apertura aunque sí le constaba que estaban funcionando. Lo supo cuando llegó a la Alcaldía. A partir de ese momento, explicó que el técnico municipal le explicó que Kuk Medioambiental tenía dos naves fuera de la ordenación urbanística, por lo que le pidió que legalizara la situación. Preguntado por si en algún momento decidió adoptar alguna medida cautelar a la luz de la información de la Administración autonómica de que se estaban tratando residuos peligrosos cuando solo existía una licencia para plásticos, ha vuelto a repetir: “A mí nadie me comunica que hubiera una situación ilegal”. Después, la situación se “resolvió” en mayo de 2012, pero ha reiterado que solo firmó “lo que me decían los técnicos. Yo no soy técnico”.

El macrojuicio prosigue en la Audiencia Provincial con las declaraciones de la otra quincena de imputados. Está previsto que se prolongue hasta diciembre.