Educación financiera y arbitraje para prevenir el sobreendeudamiento hipotecario
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la firma de un protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y la de Sanidad, fomentará la asistencia técnica, el asesoramiento y la intermediación hipotecaria. El objeto de este protocolo es la incorporación de la red de 87 Oficinas de Información al Consumidor existentes en la región al programa puesto en marcha por la Consejería de Fomento en materia de intermediación hipotecaria, sumándose por tanto a la red de Oficinas ‘Antidesahucios’ que ya vienen desarrollando sus funciones al respecto.
A través de la firma del protocolo de colaboración, la Consejería de Sanidad se compromete a apoyar el Programa de Asistencia Técnica, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria e integrar los recursos locales y provinciales de Consumo en la red de Oficinas de Intermediación Hipotecaria, en lo que a esta finalidad se refiere.
Con la firma de este protocolo de colaboración se promoverán iniciativas de educación financiera para prevenir el sobreendeudamiento hipotecario, dirigidas a la población a través de los recursos locales y provinciales que se integran, y de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los colectivos de consumidores vulnerables.
También se ofrecerá el Sistema Arbitral de Consumo como vía de resolución amistosa de conflictos en materia de intermediación hipotecaria, de tal manera que se habilite una Sección Especializada de arbitraje hipotecario en la Junta Arbitral de Consumo de Castilla La Mancha, que pueda complementar las acciones de intermediación con las entidades bancarias que procedan.
El papel de las OMIC en el desarrollo de este programa será visible en cada una de las 4 líneas del programa de Asistencia Técnica, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria. Respecto de la Línea 1, los servicios de atención al consumidor de la región y los de las Asociaciones de Consumidores llevarán a cabo funciones de asesoramiento e información general de carácter básico con derivación, por razones de especialidad, al personal de las oficinas de intermediación hipotecaria de la Consejería de Fomento.
Recursos de asistencia e intervención social
Entre las funciones básicas a desarrollar se contemplan, entre otras, la recepción y tramitación de solicitudes, la recogida y traslado de datos, o la atención e información relativa a los recursos de asistencia jurídica, social y de intermediación que se ponen a su disposición por medio del programa, así como cualquier otra de interés en la materia.
Una segunda línea versará sobre la Intervención social. En esta línea la red regional de OMIC colaborará, especialmente en el ámbito rural, con los profesionales correspondientes, en todo aquello que desde sus respectivas Oficinas pueda contribuir a una más eficiente intervención social.
La Línea 3 gira sobre el asesoramiento jurídico. Beneficiándose del convenio que la Dirección General de Salud Pública tiene suscrito con la Universidad de Castilla La Mancha, el Centro de Estudios de Consumo (CESCO) colaborará en la asistencia técnica precisa para llevar a cabo la labor de asesoramiento jurídico.
Otro bloque trata sobre la Intermediación con la entidad acreedora. Así se prestará apoyo, en el marco de las competencias de Consumo, a las Oficinas del Programa en las tareas de intermediación con la entidad acreedora, y, del mismo modo, en aquellas actuaciones que la Dirección General de Consumo acuerde con el Banco de España. Asimismo, y en colaboración con la Dirección General de Vivienda, se diseñarán los protocolos de actuación y las acciones formativas precisas para la incorporación de la red regional de OMIC al Programa.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha señalado que el Programa de Intermediación Hipotecaria es un “proyecto prioritario” para el Gobierno de Emiliano García-Page que “sigue creciendo” con la incorporación de los recursos de consumo de la Consejería de Sanidad. Ha cifrado en 1.068 las familias atendidas a través de la red de seis oficinas con 36 paralizaciones de lanzamientos, la última de ellas la semana pasada desde la oficina de Albacete, que consiguió fijar con la entidad bancaria acreedora un alquiler social para el propietario amenazado de desahucio.
