Castilla-La Mancha aprueba casi 100 millones de euros para el acuerdo marco con residencias de personas mayores

Residencia Núñez de Balboa de Albacete

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 98,6 millones de euros para el sector residencial de Castilla-La Mancha, lo que permitirá apuntalar el sistema de atención a la Dependencia y consolidar miles de puestos de trabajo en la región. “Un esfuerzo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha que entendemos que es de justicia social, porque no hay generación a la que le damos más que a la generación de personas mayores que construyeron nuestra región”, ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

El montante se destinará a la tercera prórroga de la contratación derivada del Acuerdo Marco para garantizar la concesión de servicios para personas mayores que contemplan plazas en residencias, centros de día y estancias temporales en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

El objetivo es también financiar 5.261 plazas residenciales, 418 plazas de centro de día y 77.973 días de estancia temporal. En concreto, se mantendrán 160 contratos con 139 entidades para plazas residenciales definitivas; 29 contratos con 28 entidades para plazas en centros de día y 108 contratos con 95 entidades para estancias temporales.

Además, el Acuerdo Marco prevé mantener, mejorar y consolidar el empleo a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras, en muchos casos en el ámbito rural, y que la derivación a las plazas venga fundamentalmente por el Sistema de Dependencia, aunque también se atienden situaciones de urgencia socio-sanitaria, especialmente en las plazas de estancia temporal.

Ingreso Mínimo Vital y factura sanitaria

Blanca Fernández, preguntada al respecto, también se ha referido al Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal, que llegará a unas 120.000 personas en Castilla-La Mancha (40.000 familias). A partir de ahí, y cuando esas previsiones se cumplan y se pueda analizar la transferencia de renta a los perceptores, ha resaltado que el Gobierno regional realizará una "reflexión" para el ordenamiento de toda su política social en torno a planes de empleo, renta mínima, becas comedor, etc. 

Y en otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento la tramitación de emergencia llevada a cabo por la Consejería de Sanidad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, en este caso con importes que superan los 831.000 euros para adquirir nuevo material sanitario que incluye equipos y reactivos para pruebas PCR y 400.000 mascarillas.

Por un lado, están los expedientes tramitados entre el 16 de mayo y el 15 de junio por un importe que supera los 663.400 euros para adquirir productos desinfectantes de superficies y de vehículos, equipos PCR para el Instituto de Ciencias de la Salud y sus componentes, 50.000 mascarillas KN95, 150.000 mascarillas, 10.000 calzas y 10.000 gorros, 1.200 guantes sanitarios, gel higienizante y gel hidroalcohólico, así como la difusión de una campaña de divulgación con el objetivo de prevenir la transmisión del coronavirus.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Castilla-La ha realizado un total de 277.643 pruebas diagnósticas para la detección de la enfermedad, de las que 127.163 han sido PCR y 150.643 test rápidos.

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