Castilla-La Mancha favorecerá que la policía no acuda siempre a ingresos no voluntarios en centros de salud mental

“Es la primera vez que nos dan voz desde el Gobierno. Como todo el mundo nos señala por el estigma, yo me pongo un cartel en el frigorífico que dice ‘yo merezco la pena’ y ellos se han dado cuenta de que merecemos la pena”. Estas han sido las palabras de Luis, afectado por una enfermedad mental y asistente a la primera reunión del Gobierno de Castilla-La Mancha abierta a entidades, asociaciones, fundaciones y colectivos de familiares y pacientes con enfermedad mental.

La lucha contra ese estigma ha sido uno de los asuntos tratados durante el encuentro del que después han informado estos colectivos junto con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. De allí han salido con varios compromisos, entre ellos la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad no intervengan en ingresos no voluntarios, una petición que llevan años realizando.

Carmen Navarro, presidenta de la Federación de Asociaciones de pacientes y familias afectados por enfermedades mentales, ha tomado en primer lugar la palabra para agradecer la iniciativa al Ejecutivo autonómico.  En la reunión del Consejo, han podido poner sobre la mesa sus funciones, sus objetivos y sobre todo sus necesidades en educación, empleo, derechos humanos y recursos.

Según ha afirmado, la petición “histórica” de estos colectivos siempre ha sido la apertura de más viviendas y recursos residenciales para enfermos mentales, un objetivo que en parte se ha cumplido en el presente año, con 85 plazas residenciales más en Castila-La Mancha. Además, ha subrayado que el Gobierno se ha mantenido abierto a seguir trabajando para financiar estos recursos también durante la próxima legislatura.

Plan de Salud Mental, la “hoja de ruta”

A este respecto, el consejero de Sanidad ha reconocido que el ritmo con el que se realizan estas medidas “no es siempre el que todos quisiéramos”, pero ha celebrado la puesta en marcha del Plan regional de Salud Mental 2018-2025 como la hoja de ruta con la que el Ejecutivo castellano-manchego está trabajando con administraciones, profesionales y asociaciones.

Jesús Fernández Sanz ha destacado que pese a ello la asignatura pendiente es “eliminar el estigma de todas las enfermedades” pero sobre todo de las mentales, y para ello ha afirmado que el elemento básico es el empleo. “Se ha trabajado mucho en estos tres años para que los planes de empleo sirvieran para ello, y ahora tenemos que dar un paso más, que es consolidarlo, con estabilidad y de manera totalmente participativa. Así queremos que sean los planes de empleo en los próximos años”, ha añadido.

Tras precisar que se realizan un total de 400.000 actos sanitarios al año en torno a la salud mental, lo que supone un 40% más de actividad respecto a la legislatura anterior, ha querido ofrecer también otros datos como el de los 1.312 profesionales que trabajan en este área, que debe “seguir creciendo en el futuro”. También ha recordado que la inversión en el Plan de Salud Mental hasta 2025 es de 11 millones más de euros que se emplearán no solo en recursos residenciales sino también en la mejora de la atención temprana (fundamental de cara a la prevención) y en el aumento de recursos humanos.

Una cuarta parte de las consultas en hospitales públicos

Actualmente no existe registro del número de personas con enfermedad mental en Castilla-La Mancha, debido a su complejidad, pero el Gobierno regional trabaja con la estadística de que son uno de cada cuatro ciudadanos quienes la sufren y de que una cuarta parte de las consultas en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha se debe a esta patología.

Por eso ha celebrado la creación de una red de expertos exclusiva para salud mental, y que se encargará de llevar a cabo dos protocolos: uno para los ingresos no voluntarios y otro para determinar cómo han de ser, cuánto deben durar y cuándo se deben utilizar las sujeciones mecánicas para pacientes, sobre todo en el tratamiento en servicios de urgencias.

En cuanto al primer punto, es una demanda que hace años pusieron sobre la mesa colectivos de familiares y pacientes: que Policía y Guardia Civil no acudan siempre ‘por defecto’ a este tipo de intervenciones, porque se trata de “situaciones traumáticas” y “no siempre es necesario”. El consejero ha afirmado que primero se elaborará el protocolo clínico y que luego se abrirá el abanico de la propuesta para estudiar esta petición respecto a los Cuerpos de Seguridad. “Si pudiesen no acudir a ninguna intervención, mejor”.