Castilla-La Mancha reclama 9 millones “que no han llegado” para aplicar la LOMCE
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprovechará la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará este jueves para recordarle al ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, los más de 9 millones de euros que el Ministerio tiene comprometidos para la implantación de la LOMCE en la Comunidad Autónoma y que “todavía no han legado”. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Reyes Estévez, ha recordado que el pasado 29 de julio ya se reunió la Sectorial de Educación donde se le transmitió a Méndez de Vigo las dificultades para la aplicación de la LOMCE y las posibles soluciones, por lo que ha esperado también que esas soluciones se tengan en cuenta.
La consejera ha vuelto a insistir en que la LOMCE es “una mala Ley educativa” aunque ha recordado que la postura del Gobierno regional es de cumplimiento. Así, ha dicho que las mayores dificultades para la implantación son de titulación y, con datos en la mano, ha apuntado que ha habido “un importante ascenso” de alumnos de primero de Primaria que han dejado de promocionar, incrementándose la tasa de repetidores.
A ello ha unido que al ministro se le transmitió que las tasas de suspenso en la Formación Profesional Básica también son “inasumibles”, que las evaluaciones externas evalúan más a los docentes que a los alumnos o que la se quiere llegar al 100 por cien en la tasa de reposición con el ánimo de que Castilla-La Mancha tenga más profesores con plaza. De hecho, sobre la falta de docentes, Estévez ha dicho que, con la Ley en la mano, el Gobierno regional será “extremadamente generoso” en la dotación de profesores en las aulas. “La sensibilidad del Gobierno regional es que en la medida en que permite la Ley consolidar empleo y empleo joven”, ha agregado.
En cuanto a las soluciones planteadas, la consejera ha apuntado que ya que no se puede revocar la LOMCE de manera absoluta, se transmitió la posibilidad de establecer medidas transitorias en el calendario de aplicación, en las evaluaciones externas, el desarrollo de programas que faciliten la convivencia en los centros o una mayor participación de los Consejos Escolares.
