Castilla-La Mancha dedica menos de un 0,5% de su presupuesto a combatir la pobreza con ayudas públicas

El dinero público que se dedica a combatir la pobreza y la exclusión social no tiene tanto que ver con la capacidad presupuestaria de cada comunidad autónoma como con el porcentaje de sus cuentas que dedica a este propósito. Esta es una de las premisas que defiende Oxfam Intermón en su último informe sobre rentas mínimas, titulado “Armando el puzle. Avanzando hacia el sistema de garantía de rentas que deberíamos tener” de Oxfam“. En el mismo analiza los sistemas de rentas mínimas autonómcas y la implantación de Ingreso Mínimo Vital IMV), de carácter estatal, en cada región.

Una de las conclusiones más apremiantes del documento es que la inversión española en protección social -excluyendo las medidas excepcionales por la COVID- es 23.650 millones inferior a la media de la Unión europea. El IMV sólo reduce esta brecha en un 7%. Ser uno de los países con mayor pobreza severa (el cuarto) o pobreza infantil (el tercero) de la UE “debería animarnos a cerrar esa diferencia”. “Las tensiones presupuestarias por el aumento de gasto deben resolverse en el lado de la recaudación fiscal (5,7 puntos menos que la UE), y no en el diseño de políticas públicas de menor impacto”. 

Refleja así la importancia de un contexto en el que cuatro de cada diez personas viviendo en pobreza severa no eran elegibles para recibir el IMV en 2019. Prácticamente un millón y medio de personas viviendo en pobreza severa no podían optar ni a este ingreso estatal ni a una renta autonómica. De no cubrirse por el IMV, las renta mínimas “tendrían la doble tarea de complementar en población y en cuantías”. Sin embargo, “lo ideal sería que se concentran en complementar y mejorar el IMV en servicios y prestaciones en función de las necesidades concretas de los territorios y no ampliando la cobertura con personas en pobreza severa desatendidas por la Administración General del Estado”.

El estudio reconoce que la capacidad presupuestaria de las distintas autonomías no es la misma y que una comparativa en la que Navarra o País Vasco destacan tanto en relación a los demás “puede esconder que, en efecto, son regiones más ricas”. Pero para poder ponderar el esfuerzo presupuestario realizado en rentas mínimas, se ha considerado la relación entre lo invertido y el presupuesto total de las regiones, es decir, lo que cada una de ellas, en función de sus cuentas públicas, destina a combatir la pobreza.

“Esfuerzos equivalentes” en las CCAA

Por eso, en cuanto a las comunidades autónomas, Oxfam establece de nueve de ellas podrían ahorrarse todo el dinero que dedican a sus rentas autonómicas con la introducción del IMV. Ese dinero, argumenta, debe dedicarse a luchar contra la pobreza. Además, “las distintas autonomías deberían hacer esfuerzos equivalentes”. Hasta ahora, Castilla La Mancha, Andalucía, Canarias o Murcia invierten en sus rentas mínimas menos de cinco de cada 1.000 de presupuesto público (menos de un 0,5%), mientras que Navarra, Asturias y País Vasco dedican 24, 26 o 37 euros respectivamente.

“El actual diseño del IMV hace a la herramienta poco útil ante 'shocks' repentinos. No modificarlo y forzar a las rentas mínimas autonómicas a convertirse en ayudas de emergencia es iniciar un proceso que puede llevar un tiempo incierto, generar inequidades interterritoriales y hacernos menos resilientes a las crisis”, agrega esta ONG.

Dada la escasa capacidad de reducción de la pobreza de las transferencias públicas españolas y la gran brecha en inversión en protección social “que nos separa de la UE”, el estudio considera que las comunidades autónomas deberían, como poco, redirigir toda su inversión en rentas mínimas a la lucha contra la pobreza. “No obstante, el esfuerzo presupuestario que hasta ahora han hecho los distintos territorios ha sido de distinta intensidad”.