Falta de rentas mínimas y de plazas para personas sin hogar, los “déficits” de Castilla-La Mancha en servicios sociales

España está atravesando por la mayor crisis social de las últimas décadas, derivada de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus posteriores consecuencias económicas. Esta situación se refleja principalmente en el desarrollo de los servicios sociales en cada una de las comunidades autónomas, que siguen registrando importantes desigualdades y que ahora desvela el informe IDEC 2012-2020 sobre los mecanismos de protección social. Este estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es uno de los más actualizados conforme a indicadores del pasado ejercicio, ya en plena pandemia y detalla la situación de cada una de las regiones. Marca la situación en la que los servicios sociales han llegado 2a esta inesperada y traumática“ crisis y cómo se encuentran para afrontar los grandes retos que se plantean.

Castilla-La Mancha obtiene en este estudio una calificación “media-baja” en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una puntuación del 5,75, una décima menos que en la aplicación del anterior del anterior índice, en 2018. Con ello, ocupa el puesto número 6 en la clasificación de las comunidades autónomas.

En el análisis por diferentes áreas, en la parte correspondiente al reconocimiento de derechos y ordenación del Sistema de Dependencia, el estudio detalla que esta comunidad autónoma muestra estabilidad, con una ley de nueva generación, “pero sin desarrollo a través del Catálogo”, ni tampoco  planificación, con un Mapa de Cobertura o Plan Estratégico.

Un dato importante del índice es el que señala que esta comunidad autónoma muestra desde 2013 una “pérdida constante de relevancia económica” de su Sistema Público de Servicios Sociales, en términos relativos (en comparación con la media estatal).

Indicadores de gasto y prestaciones

Por ejemplo, en cuanto al gasto por habitante y año, destaca que es de 423 euros por habitante en 2019, por encima de la media estatal, pero retrocede respecto al año anterior (428 euros) y más aún respecto al año 2011, cuando las administraciones castellanomanchegas destinaron a servicios sociales una media de 514 euros por habitante. Asimismo, el porcentaje del gasto de las administraciones públicas en servicios sociales representa el 2,07% del PIB, también por encima de la media, pero también retrocediendo respecto al año anterior y a los últimos diez años.  

Otro apartado del informe analiza la cobertura efectiva de prestaciones y servicios desvelando los aspectos positivos y los negativos. Entre los primeros, el IDEC destaca la atención a la Dependencia. Subraya que Castilla-La Mancha ofrece servicios y prestaciones al 12,6% de su población potencialmente dependiente, una cobertura por encima de la media estatal, que es del 7,9%. De la misma manera, la tasa de desatención (el denominado “limbo”) en esta región es, con un 7,6%, muy inferior a la media estatal (17,1%).

En la parte positiva también destacan los servicios para personas mayores, tanto en las plazas residenciales de financiación pública (con 5,5 de ellas por cada 100 personas mayores, duplicando la media estatal), como en la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, los hogares y centros de convivencia y las plazas diurnas y ocupaciones para las personas con discapacidad.

Solo el 2% de población bajo el umbral de la pobreza recibe rentas mínimas

Por el contrario, en los déficits, el estudio apunta en primer término las rentas mínimas de inserción. Afirma que solo percibe estas prestaciones el 2% de la población bajo el umbral de la pobreza, mientras que la media estatal es del 7,9%. De la misma manera, la cuantía de estas rentas es inferior a la media estatal, ya que la media por persona perceptora sólo representa el 14,9% de la renta media por hogar en esta comunidad autónoma, mientras que a nivel estatal alcanza el 17,1%. “Aunque hay que reconocer que en solo dos años, en Castilla-La Mancha ha incrementado de manera importante esta cuantía, ya que en 2017 sólo suponía un 7,9% de la renta media por hogar”, añade.

El otro aspecto negativo destacado tiene que ver con las plazas de alojamiento para personas sin hogar: con 27 plazas por cada 100.000 habitantes, está muy lejos de la media estatal, que llega a las 40,7 plazas.

Por otra parte, el informe recalca que Castilla-La Mancha ha corregido su “tradicional desequilibrio” entre la relevancia económica del Sistema y la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, que indicaba “ineficiencia”. No obstante, sigue existiendo la denominada “cobertura en riesgo”, por la falta de desarrollo normativo de su Ley y de planificación del Sistema, que garantice la cobertura real de prestaciones y servicios que ha alcanzado esta Comunidad, por lo que “es prioritario acometer esta tarea de desarrollo normativo y planificación”.

Hay otras cuestiones que el informe denuncia con carácter general en todo el país, como el aumento de la “complejidad burocrática y los trámites farragosos”, que constituyen “auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicio sociales cuando más los necesitan”. Además, recalca que el 40% de la población española vive en comunidades autónomas con servicios sociales débiles o irrelevantes.