Castilla-La Mancha mantiene su aprobado en Dependencia pero empeora en ratio de prestaciones y trámite de solicitudes

“La dependencia retrocede”. Esta es una de las conclusiones que esgrime el XXI Dictamen de la Dependencia elaborado por el Observatorio de este sistema de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Según apunta, factores como el impacto de la COVID-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no haya incrementado el presupuesto “ni en un solo euro nuevo” en el año 2020 han hecho retroceder al Sistema en los indicadores relevantes. En plazas de centros de día y residencias el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017.

Castilla-La Mancha se ‘salva’ en medio de todos los datos aportados por el informe, aunque con reservas. Mantiene su aprobado de los años anteriores, pero bajando nota: del 8,6 de diciembre de 2019 al 7,1 del pasado año. Según el dictamen, la bajada de nota de corresponde con una ratio muy baja de prestaciones por persona beneficiaria de servicios de Dependencia, que cae al 1,23.

Otros valores que han descendido en el caso de esta comunidad autónoma son los de solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente, que representa un 29,3%, colocándose en la posición número 7 del ranking autonómico. Además, ha subido el número de personas que no obtienen grado de reconocimiento sobre el total de personas con resolución: un 20,4% y la posición número 10.

Por el contrario, Castilla-La Mancha mantiene buenos indicadores en cuestiones como las personas beneficiarias sobre el total de población potencialmente dependiente, con un 20,6% y en tercera posición autonómica. También sigue siendo de las comunidades autónomas con menor número de personas con derecho reconocido pendientes de atención (el denominado “limbo de la Dependencia”). Actualmente es del 7,6%.

Fallecidos

Uno de los datos más preocupantes del informe a nivel estatal es que la lista de espera de personas pendientes de resolución de prestación se ha reducido “en gran medida debido al fallecimiento de las personas”, concretamente en ocho de cada diez casas entre marzo del año pasado y el último mes de diciembre. Concretamente, durante 2020 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas con solicitud de dependencia. El exceso de mortalidad por el impacto de la pandemia asciende a 52.835 fallecimientos “más de lo esperado”. De las 248.751 personas fallecidas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo), en total fallecieron 55.375 personas en lista de espera. Del total de personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años, es decir, 200.825 personas.

El dictamen recuerda que el plan de choque para la dependencia supone el fin de los recortes al sistema del año 2012. Con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%. La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación “debe ser la prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de trabajo”, añade.

Por último, un factor en común con anteriores dictámenes es que se mantienen las “enormes desigualdades” entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo ocho comunidades aprueban la escala este año, y la mediana estatal baja del 5 al 4, lo que confirma un retroceso del Sistema. Apenas siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1), junto con Cataluña (1,4), que retrocede hasta la última posición.