Denunciados dos cazadores en Albacete por utilizar reclamos eléctricos para atraer zorzales

Efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Guardia Civil de Hellín, en la provincia de Albacete, han denunciado a dos cazadores cuando utilizaban reclamos eléctricos, para atraer zorzales en el interior de un coto de caza ubicado en el término municipal de Letur. En concreto detectaron la afluencia de cazadores, en determinadas zonas de la sierra del Segura, la mayoría de ellos procedentes de la Comunidad Valenciana, donde se encuentra muy arraigada la modalidad de la caza del tordo y del zorzal.

Fue durante uno de los servicios, encaminados a la erradicación de las prácticas de furtivismo de especies de caza mayor y menor, cuando los agentes de la Benemérita identificaron a dos personas que estaban utilizando dispositivos de reclamos electrónicos con altavoces, reproduciendo el canto del tordo-zorzal. Con dicha práctica prohibida, los cazadores pretendían atraer de forma artificial y masiva a los zorzales para ser abatidos desde puesto fijos.

El uso de estos dispositivos electrónicos supone una práctica ilícita, ya que los sonidos reproducidos por dichos aparatos pueden ser detectados por tordos, zorzales u otras especies en un amplio radio de acción, llegando en ocasiones a superar varios kilómetros.

Estas acciones desarrolladas por los cazadores furtivos, además de estar tipificadas como infracciones administrativas, podrían calificarse como muy poco deportivas, ya que atrae la caza de cotos colindantes y en ocasiones, como en el paso de los zorzales, pueden considerarse acciones masivas de caza.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos y gestores de terrenos y espacios acotados para la caza que, si descubren este tipo de prácticas ilegales y antideportivas lo pongan de inmediato en conocimiento de los agentes de la autoridad, o bien llamando al teléfono de urgencias, 062, que la Guardia Civil atiende de manera permanente.

Los cazadores fueron denunciados por infracciones administrativas al vigente Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, catalogadas como graves, cuya sanción económica puede ir desde 601 euros hasta 6.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla de uno a tres años.