Comienza el juicio del activista de la PAH Guadalajara por publicar una foto de los agentes que ejecutaron un desahucio

Cuatro años y medio de cárcel es lo que pide la Fiscalía al abogado y activista de la PAH Guadalajara, Diego Herchhoren, acusado de delitos de injurias con publicidad, contra la intimidad y también de desobediencia a la autoridad al haber publicado una foto de los miembros de la Comisión Judicial que llevaron el desalojo de una vivienda en la capital provincial en 2019. “Es un juicio contra los derechos fundamentales de la información”, recalcan desde la PAH Guadalajara. “No es un juicio sobre un activista, sino para silenciar a la PAH. No sólo se juzga a Diego, se juzga a un derecho fundamental”, aseguran desde la plataforma.

Amnistía Internacional ha pedido acceder al juicio, pero por las medidas de COVID-19, no se les ha asegurado que se les permitirá la entrada. “Afrontamos este juicio creyendo que no debería haberse producido este procesamiento, estamos con fuerza y con ilusión”, aseguran desde la PAH que ha convocado una concentración, a partir de las 10:00 horas de este jueves 9 de diciembre en las puertas del juzgado en Guadalajara. Además, recalcan que han recibido “muchísimos apoyos” por la situación que pasa el activista, incluso de representantes políticos como Podemos o Izquierda Unida. “Confiamos que la concentración será bastante numerosa”.

En cuanto a Herchhoren, recalcan que está “tranquilo”, porque sabe que es una “persecución policial” contra “su persona”. “Todo está montado contra él, porque han considerado que es la persona a derribar. Pero el movimiento ciudadano de Guadalajara no es sólo la PAH, somos muchos y él no tiene ningún miedo”, asegura. Además de los más de cuatro años, la multa que podía recibir Herchhoren, podría llegar a los 3.600 euros. Desde Amnistía Internacional han recalcado que este tipo de “persecución” afecta también a la libertad de expresión a las personas.

La organización ha seguido el caso durante su fase de instrucción “teniendo en cuenta sus implicaciones respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Desde Amnistía aseguran que reconocen “el derecho de las autoridades a establecer restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero estas limitaciones deben siempre estar previstas en la ley, y ser necesarias y proporcionales para el propósito de proteger un interés legítimo, como los derechos y la reputación de otras personas. En ningún caso estas limitaciones deben poner en peligro el derecho a la libertad de expresión en sí mismo”, afirman.

“Tal como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica que los ciudadanos ordinarios en relación con el cargo que ostentan y la función que desempeñan”, manifestó Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España. “El empleo de leyes de difamación, como el delito de injurias, con el propósito o el efecto de inhibir la crítica hacia el gobierno u oficiales públicos viola el derecho a la libertad de expresión”, aseguran.

Por otro lado, citan al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que señala que “las restricciones al derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a la privacidad, deben interpretarse con cuidado y no deben obstaculizar el debate político”. Amnistía Internacional observa que las imágenes publicadas y que constituyen el objeto del enjuiciamiento muestran a los miembros de una Comisión Judicial “que se encontraba en la vía pública desempeñando una función pública”.

“Esta publicación fue realizada por un activista por el derecho a la vivienda que denunciaba una situación de claro interés para el debate público y de elevada importancia social, como lo eran y lo son los desahucios sin alternativa habitacional que pueden constituir violaciones a los derechos humanos”, recalcan desde la organización.

En cuanto al delito de desobediencia, desde Amnistía afirman que “también interpone una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión”. “Las autoridades han argumentado que las publicaciones realizadas en redes sociales por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que pertenece Diego Catriel, y la convocatoria de una rueda de prensa y de una manifestación para protestar contra la medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción, ordenando a Twitter retirar la imagen publicada, se enmarcan en este delito penal al no acatar las órdenes de la autoridad competente. No obstante Amnistía Internacional ha notado que estas únicamente abarcaban la publicación de imágenes relativas a la actuación de desalojo y a imágenes relativas a la Comisión Judicial que la llevó a cabo. Por tanto, ni la publicación de mensajes en redes sociales ni la convocatoria a una rueda de prensa y una manifestación parecen resultar contrarias a la orden judicial, sino que estas acciones se enmarcan en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión de Diego y de la PAH”, afirman.

Desde Amnistía citan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha “reiterado” que los organismos del Estado y los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo oficial “deben aceptar que están sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos ordinarios, y que por lo tanto deben aceptar estar expuestos al escrutinio público”. “En este sentido, el Tribunal ha afirmado que las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a escrutinio no sólo por parte de las autoridades judiciales y legislativas, sino también por parte de la prensa y de la opinión pública”.

Finalmente, AI hace un “llamado urgente” a las autoridades a que desistan en la acusación formulada contra Diego Catriel por los delitos de injurias con publicidad, contra la intimidad y de desobediencia a la autoridad. A juicio de la organización, el proceso penal en contra del defensor de derechos humanos constituye una “restricción excesiva y desproporcionada” en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de Diego Catriel.