El Gobierno regional ha invertido ya 220 millones de euros para hacer frente a la crisis de la COVID-19

El Plan de Medidas Extraordinarias para hacer frente a la crisis de la COVID-19 ya se ha ejecutado en su práctica totalidad, con 220 delos 231 millones conteplados para esta medida, que nació gracias al “dialogo social como el marco irrenunciable desde el que trabajar para para impulsar las medidas necesarias para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria”. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la ha explicado tras reunirse con CECAM, CCOO y UGT.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha reiterado que el diálogo social “es una seña de identidad de nuestro Gobierno desde el año 2015”, y ha señalado que el marco de consenso entre el Ejecutivo y los agentes sociales “es un síntoma de las sociedades más modernas y avanzadas, y nadie puede entender el momento histórico actual sin la influencia del diálogo social”.

El Plan, afirmó, ha servido para apuntalar la respuesta en el ámbito económico y social de la región al impacto de la crisis. “Dentro del tremendo dolor que está suponiendo esta crisis en todos los ámbitos, es cierto que hay datos que impulsan la acción conjunta del Gobierno regional y los agentes sociales, que está haciendo que podamos sortearla un poco mejor que la media nacional”.

En este sentido, Patricia Franco ha señalado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma de todo el país con menor mortalidad empresarial, según fuentes de la Seguridad Social, con una caída del 1,2 por ciento frente al 3,3 por ciento de la media nacional; el mejor comportamiento en las exportaciones o que el impacto en el turismo esté 8 puntos por debajo de la media del país en viajeros y 14 puntos en pernoctaciones hoteleras; además de los datos del paro hechos públicos ayer, que sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma del país con mayor incremento en la afiliación a la Seguridad Social y la región con menor crecimiento del paro en el último año. “Estamos poniendo medidas para evitar que el impacto de la crisis sea mayor, dando respuesta a las situaciones de muchas empresas y muchas personas de la región que necesitan del apoyo del Gobierno regional para atravesar esta crisis”, ha indicado.

Medidas

A este respecto, Patricia Franco ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de García-Page, como el primer paquete de ayudas directas a pymes y autónomos de 80 millones de euros o el segundo programa de apoyo, vigente en la actualidad, dotado con 60 millones, más los 5 que se habilitarán para el apoyo a la reconversión de negocios; el Cheque COVID para favorecer la contratación de las personas expulsadas del mercado de trabajo por la pandemia; o las ayudas para los trabajadores afectados por ERTE en las que se están trabajando en el marco del diálogo social.

La consejera también ha hecho referencia al sector hostelero, a quienes ha trasladado un mensaje de “empatía y solidaridad” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha reiterado que nadie piensa que el sector sea el culpable “sino víctimas, como lo son también otros sectores como actividades culturales, de ocio y entretenimiento y actividades deportivas, y el conjunto de la sociedad, de un único culpable y enemigo común, que es el COVID”, y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de intentar garantizar el control de la pandemia menoscabando lo menos posible la actividad económica.

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha subrayado la importancia de mantener el diálogo para alcanzar acuerdos “más allá de los aspectos que nos diferencian”, y ha señalado que las medidas se piden y se consiguen “en las mesas de diálogo, y no gritando y chillando fuera de ellas”; el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, que ha valorado el diálogo social como herramienta para combatir la crisis económica actual anteponiendo el interés general.

Por su parte, la responsable regional de UGT, Amparo Burgueño, ha defendido que las medidas del Gobierno regional para frenar la pandemia de coronavirus deben ir destinadas a la protección de la salud, unas medidas que “no deben afectar a la dignidad de las personas. Es precisamente la dignidad de las personas donde el sindicato pone la línea roja que, en su opinión, no debe sobrepasarse en la gestión de la crisis sanitaria”, declaró.