La Justicia anula la ordenanza de purines que un pueblo de Cuenca aprobó para blindarse contra las macrogranjas

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha anulado la Ordenanza sobre la Gestión y la Evacuación de Residuos de Ganadería Porcina Intensiva, los purines, en el municipio conquense de Almendros.

La sentencia estima el recurso presentado por ICPOR Castilla-La Mancha SA en noviembre de 2021 contra la ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 13 de octubre de 2021 y la declara nula. Eso sí, se abre la puerta al recurso ante el Tribunal Supremo.

ICPOR dio ocho argumentos a la Justicia. No solo acusó al Ayuntamiento de incumplir la obligación de notificar a los interesados sus intenciones, sino que se esgrimió que el Consistorio no tiene competencias para aprobar este tipo de ordenanza. Considera que no se puso en marcha por el interés general, que no justificaba “de manera objetiva la razón de las limitaciones ni su aplicación únicamente al porcino” o que introducía criterios “más restrictivos” para la aplicación de purines que los previstos en la normativa relacionada con las zonas vulnerables por contaminación de nitratos de origen agrario. También argumentó que el régimen sancionador de la ordenanza infringía el ordenamiento jurídico.

“La aplicación del contenido de la ordenanza implica la práctica prohibición de una actividad perfectamente legal”, añadía ICPOR. Como último argumento jurídico apuntaba que en la ordenanza se usa “indebidamente el término vertido cuando en realidad se refiere a valoración agronómica”.

ICPOR, compañía vinculada a la conquense Incarlopsa ha valorado la sentencia asegurando que “siempre hemos defendido que la actividad que desarrolla ICPOR, y todos nuestros integrados, es perfectamente legal. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha así lo constata”. 

En un comunicado Julián Redondo, gerente de ICPOR asegura que la empresa puede “decir con orgullo que cumplimos a rajatabla con la exigente legislación europea, nacional y regional que regula nuestra actividad, si bien no dudaremos en defendernos de los ataques totalmente injustificados que sufrimos constantemente y que, implícitamente, buscan acabar con una práctica tan arraigada al medio rural como es la ganadería”. Y ofrece un dato: más de 1.200 familias dependen de esta empresa. 

La alcaldesa: “La sentencia es positiva, nos declara competentes aunque anule la ordenanza”

La interpretación de la sentencia es muy distinta desde el punto de vista del Ayuntamiento de Almendros. Y no recurrirá ante el Supremo el pronunciamiento del Alto Tribunal castellanomanchego por una razón. “Creemos que la sentencia es, en parte, positiva. El tribunal nos declara competentes para legislar como ayuntamiento, aunque nos dice que no hemos justificado lo suficiente la ordenanza. Es un tema muy complejo”, explica Helena Fernández, la alcaldesa.

“Ya sabemos que podemos hacer la ordenanza y también cómo tenemos que hacerla”. Y por eso se pondrán manos a la obra para redactar a la mayor brevedad posible una nueva ordenanza que cumpla con las exigencias que recoge la sentencia.

El Ayuntamiento tendrá que pagar las costas del proceso judicial. Serán unos 2.000 euros, asegura la edil. “No me parece excesivo y me gastaría más. Es el coste por defender mi pueblo y que se pueda vivir en él”. Helena Fernández sale así al paso de las voces que, coincidiendo con la sentencia, acusan a este y a otros ayuntamientos de “arruinar” a los vecinos con los costes judiciales que suponen oponerse a este tipo de proyectos. “Amenazan y asustan a la gente. ¡Vamos! Que son 2.000 euros”.

La postura del Ayuntamiento contrasta con la de ASAJA. La organización agraria cree que la sentencia “viene a dar la razón a la postura que ha defendido la organización en el sentido de que los ayuntamientos no podían aprobar ordenanzas que excedían sus competencias y que limitaban, de forma velada, una actividad económica”.

En mayo de 2021 esta organización agraria se dirigió una carta a los 238 municipios que hay en la provincia de Cuenca trasladando a sus ayuntamientos la preocupación por la aprobación de ordenanzas municipales “como consecuencia de la presión que estaban haciendo algunos grupos anti ganaderos”. Hoy la alcaldesa se reafirmaba en su análisis. “Creo que no han leído bien la sentencia”.

En abril de 2018 el entonces consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural aseguraba en una visita a Albacete que la responsabilidad en la instalación o no de las granjas intensivas de porcino “compete al Ayuntamiento”. Francisco Martínez Arroyo decía entonces que son las administraciones locales las que sirven de “órgano sustantivo”.

Decía también que la Administración local es la encargada de recoger el proyecto de la empresa, trasladarlo y pedir la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente. “Son los ciudadanos y el alcalde quien tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos”, insistía para añadir que “el alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Unas palabras con las que discrepó entonces Gregorio López Sanz, profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Esta respuesta no me sirve. Creo que entra en abierta contradicción con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que en su artículo 31 señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias exclusivas, entre otras materias (…) en agricultura y ganadería e industrias agroalimentarias y planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Región”.

Y en este aspecto abundaba el profesor: “La creciente movilización ciudadana contra las macrogranjas a las puertas de elecciones autonómicas ha llevado a la Junta a echar balones fuera a la desesperada”.

La competencia en esta materia radica en la actualidad en un departamento distinto y con un consejero diferente. Es la Consejería de Desarrollo Sostenible la que se ocupa de las tareas de evaluación ambiental de los proyectos.

ASAJA pide ahora “llegar a escenarios de consenso y acuerdo para evitar conflictos sociales” y se pone a disposición de los ayuntamientos para mantener encuentros. También se refiere también al papel que la Administración regional tiene en la vigilancia de las competencias de los ayuntamientos y a la “necesidad de actuar” en el caso de que las traspasen.

En esta línea comenta la organización agraria que, en diciembre del año 2019 - ya en la legislatura actual-, se dirigió una carta al viceconsejero de Medio Ambiente para “aclarar los términos competenciales de las entidades locales para poder determinar si disponían de competencias en medio ambiente específicas para aprobar estas normas”.

En otoño de 2020 se envió un nuevo escrito, en esta ocasión al presidente de la Junta de Comunidades, en el que se hacía referencia a las “injustificadas exigencias que los ayuntamientos estaban imponiendo a los ganaderos que querían instalar explotaciones porcinas”.

Las macrogranjas condicionaron las elecciones en Almendros en 2019

La oposición vecinal a la instalación de macrogranjas porcinas en Almendros no solo cambió el nombre del candidato del PP en las Elecciones Municipales en 2019. El histórico alcalde Acisclo Jiménez fue el primer sacrificado por esta cuestión. No optó a la reelección tras haberse posicionado en favor de este tipo de explotaciones en su pueblo -que tiene poco más de 200 habitantes- y las urnas dieron la victoria a una candidatura independiente que rechazaba la llegada masiva de cabezas de porcino a la localidad. El candidato del PP entonces fue un vecino del pueblo, Francisco Sánchez-Casas Jiménez, trabajador en Incarlopsa.

“El pueblo salva al pueblo”, proclamaba la alcaldesa electa de Almendros, Helena Fernández, que se presentó a los comicios para frenar la llegada de macrogranjas al municipio. Y lo consiguió. Ahora, la sentencia del Alto Tribunal castellanomanchego pone de nuevo en la casilla de salida la lucha contra las granjas intensivas en el pequeño pueblo conquense. 

“Con la ordenanza queremos prevenir frente a lo que nos puede llegar. En todo nuestro entorno hay granjas en fase de construcción”, zanja la edil, quien lamenta que “se esté amedrentando a los ayuntamientos a través de cartas en los que se nos acusa de no ser competentes”.