Decreto a la carrera para arreglar la ley de dependencia en la región
La orden de julio de 2013 en materia de Dependencia de Castilla-La Mancha quedó hace unos días anulada y con ella todas las medidas tomadas por ese reglamento. El juzgado, además por unanimidad de los miembros, decretaba error en fondo y forma de esa orden por la que quedaba derogada pasando todos los casos de Castilla-La Mancha (más de 10.000) a las condiciones de antes de esta orden, que en la mayoría de los casos son mejores para los dependientes y sus familias.
Todo este proceso lo definía el consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban (que se ha conocido no repetirá en su cargo a pesar de que manifestó su intención de hacerlo si contaba con el apoyo de Cospedal) como un “defecto de forma” en la orden y que era simplemente burocracia legal la sentencia, a pesar de que el texto de la misma es claro con las especificaciones que exige a la Junta. Por ello, el Consejo de Gobierno, en vez de tratar de acatar la sentencia inmediatamente y devolver a los dependientes a esa situación, se afana en hacer 'a la carrera' un decreto (reglamento superior en importancia a una orden) para regular la dependencia. Es lo mismo que decía la orden anulada, solo que en marco de decreto.
El llamado 'Proyecto de Decreto por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha' ha aparecido publicado en el Diario Oficial de la región en su edición del 17 de abril y da veinte días a todos los interesados para exposición del decreto, de su texto y presentación de alegaciones o mejoras que se puedan hacer al mismo. Un periodo que acabará justo cuando comienza la campaña electoral, quince días antes de las elecciones autonómicas y municipales, por lo que es prácticamente imposible que el actual gobierno pueda aprobar tal decreto, que ya pasará a estar sobre la mesa del nuevo gobierno ganador en las urnas.
En ese nuevo gobierno no estarán pase lo que pase el 24 de mayo el consejero que daba a conocer esta noticia, Leandro Esteban (ya se ha decidido que no se cuenta con él en el nuevo gobierno) ni el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz (ha mostrado su intención de no seguir como consejero en la región).
A este periodo de veinte días de información pública le seguirán un periodo de debate de las propuestas y alegaciones hechas, quince días antes de los comicios. El periodo de presentación de propuestas acaba el 7 de mayo, comenzando la campaña electoral en 24 horas. El texto del decreto indica lo mismo que decía la orden anulada, ya que el gobierno insiste en que fue anulada por error de forma.
Por su parte desde las asociaciones de dependientes ya se están tramitando y asesorando en los casos que empiezan a solicitar la reevaluación del paciente tal como se estipula con la Ley de Dependencia. Para solicitarlo el paciente o familiar deben acudir a dichas asociaciones en donde se les ayudará en los pasos a seguir para recuperar los servicios y prestaciones que tuvieran o les correspondieran por la ley nacional, en un proceso que no se conoce qué costes tendrá para la Junta de Comunidades y que debe acatar bajo mandato judicial (condenando también la justicia a la Junta a pagar las costas del proceso legal mantenido, un pago que saldrá de nuevo de las arcas públicas).
