El desconocido campo de concentración que Franco creó en Almadén
La reciente negativa del alcalde socialista de Almadén (Ciudad Real), Siro Ramiro, a retirar los honores a Franco, concedidos por el municipio durante la dictadura -postura que ha modificado posteriormente para mostrarse dispuesto a consensuar una moción con los grupos municipales- ha generado malestar entre las filas socialistas locales que reclaman cumplir con la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y es que los argumentos del alcalde en su oposición inicial (“Hay 500 problemas antes”, “No hubo ni bombardeos ni episodios sangrientos” en la guerra“ o ”hubo un pacto para facilitar la convivencia, independientemente de la ideología que cada uno tuviera“) eluden la realidad de una historia local que convirtió a Almadén en uno de los campos de concentración de represaliados más fructíferos del país gracias al trabajo forzado de los presos en las tareas de extracción del mercurio.
Almadén fue “el único objetivo militar de Franco en la provincia de Ciudad Real debido a las minas. Durante la guerra intentó hacerse con su producción”, explica Francisco Alía Miranda, historiador y profesor de Historia Contemporánea de la UCLM y autor de ‘La Guerra Civil en Ciudad Real (1936-1939). Conflicto y revolución en una provincia de la retaguardia republicana’.
El municipio había formado parte de las prácticas propagandísticas de la II República, como ejemplo de la lucha de clases. Ya en la guerra civil “se había intensificado la producción de mercurio”, señala Alía, un valioso ‘ingrediente’ para la fabricación de explosivos. Las tropas franquistas no lograron conquistar Almadén. Su entrada al pueblo se produjo el 29 de marzo de 1939, apenas dos días antes del fin de la guerra. No tardarían en llegar las represalias a uno de los municipios más “comunistas” de España, según explica Luis Mansilla, el que fuera director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial y que este año ha sido nombrado ‘embajador’ de Almadén.
La explotación de los yacimientos de cinabrio para extraer el mercurio era clave en un mundo envuelto en conflictos armados. Eran los albores de la Segunda Guerra Mundial y Franco necesitaba la producción de las minas de Almadén que le servían para pagar la deuda con la Alemania de Hitler, un aliado clave del dictador para hacerse con la victoria en la guerra civil. “Cuando acaba la guerra española el país es un auténtico caos, son los años del hambre, la autarquía cien por cien, y el mercurio es una divisa. Y además se vende en dólares. Es una manera de pagar la deuda”, señala Luis Mansilla.
Los datos sobre el campo de concentración de Almadén son escasos. Los expertos coinciden en que no ha sido estudiado a fondo. Funcionó desde el final de la guerra civil y hasta 1944. Se sabe que en el origen de su puesta en marcha, el régimen franquista inició un proceso de “depuración” abriendo expedientes a 2.537 mineros, según los datos que manejan los historiadores locales. “Fueron años muy duros porque la represión fue grande. Mucha gente tuvo que emigrar”, explica Mansilla.
Pero además, unos 300 mineros fueron expulsados de Almadén acusados de “falta grave” por su condición de militar en la izquierda. Se convirtieron en prisioneros del dictador en otros puntos de España donde también fueron obligados a trabajar en las minas. En otros casos, fueron sancionados con una “falta leve” por parte de la empresa propietaria de las minas, lo que suponía estar algunos días sin trabajar.
Y mientras unos se marchaban, a la Real Cárcel de Almadén empezaron a llegar los primeros presos políticos de la posguerra. Eran mineros procedentes de otros lugares del país. El régimen franquista conseguía así varios objetivos: obtener mano de obra barata, humillar a los vencidos con trabajos forzados y desactivar cualquier movimiento obrero y ‘rojo’ gracias a las expulsiones (en forma de traslados) de los mineros que dejaban atrás a familiares, amigos y conocidos. El desarraigo facilitó la tarea.
La explotación laboral de los presos convertidos en arma propagandística
Los campos de concentración, como el resto de figuras del complejo sistema penitenciario franquista, tenían un objetivo: “Enseñaban el lugar que en la Nueva España esperaba a las y los vencidos: aguantar el peso de la violencia de Estado, de la humillación y la reeducación política e ideológica”, explica Javier Rodrigo Sánchez, autor del artículo ‘La función social de los campos de concentración franquistas’, en el libro ‘La represión bajo el franquismo’. A eso se sumaba la explotación laboral y su constante exhibición pública cuando, en formación, desfilaban por las calles a la vista de todos, con un evidente objetivo ejemplarizante.
No se sabe a ciencia cierta cuántos reclusos llegaron a poblar el campo de concentración. Un artículo de José Manuel Sabín Rodríguez, profesor de la UNED, titulado ‘Franquismo y represión en las provincias castellano-manchegas’ publicado en la Revista Memoria Antifranquista que edita la Asociación por la Memoria Histórica y Democrática del Bajo Llobregat, apunta que en septiembre de 1943 en la cárcel de Almadén había 400 presos. El Anuario Estadístico de Ciudad Real de 1946 se refiere a ese mismo año y refleja un total de 633 en enero de 1943 que pasaron a 380 en diciembre.
Así describen las Memorias franquistas el trabajo de los forzados
La máxima producción de mercurio en Almadén se produjo durante la II Guerra Mundial gracias al trabajo de los presos políticos. Fue a través del llamado sistema de ‘redención de penas por trabajo’ que se describe, con detalle, en las memorias publicadas por Instituciones Penitenciarias entre 1939 y 1977 y que se hacían llegar a Franco. Era “una solución justa y cristiana al gravísimo problema de la delincuencia roja”, según consta en la introducción de la Memoria de Instituciones Penitenciarios 1939-1940. “La redención de la pena no es una explotación de trabajos forzados, sino el empleo de la actividad del recluso de acuerdo con sus aptitudes y en condiciones dignas semejantes a las de los obreros libres”, se justificaba.
El mismo texto servía para explicar que el Patronato (órgano de dirección del sistema) “solo empleará la mano de obra reclusa en aquellos trabajos que no serían rentables y que, por tanto, no se acometerían con trabajadores libres de igual categoría”. Una auténtica falacia en lo que se refiere a las minas de Almadén teniendo en cuenta que en la memoria de 1941-1942, se detalla que durante “el primer mes de funcionamiento”, los penados extrajeron el 22% de la producción total “y como después de esto, el número de reclusos-trabajadores casi se ha duplicado, parece seguro que los penados producirán por lo menos un 40% más que el resto de la población minera del establecimiento”. También se hicieron cálculos sobre las ganancias. Este “exceso” de producción, detalla el redactor de la memoria, “reportará al Estado un incremento por la producción de mercurio de más de 50 millones de pesetas anuales”.
No quedan reclusos especializados que puedan dedicarse a labores mineras, alertaban en la memoria de 1943. Se autoriza entonces a las empresas mineras, “para que puedan escoger en todas las prisiones de España reclusos que, por sus condiciones físicas, puedan trabajar en las minas, aunque estén condenados hasta treinta años”. No hay ese año ninguna alusión expresa a Almadén que, en cambio, sí puede encontrarse en la memoria del año siguiente, 1944, en la que se hace un recuento de analfabetos prisión a prisión. En Almadén había 45, 20 dejaron de serlo, dice el informe, para ensalzar así la labor educativa del régimen.
En el mismo documento hay una mención especial a Almadén en lo relativo a las exportaciones. Ese año trabajaron más de 300 penados durante todo el año en la extracción del mercurio y en el informe a Franco se escribe: “Una prueba del entusiasmo que han puesto en su faena y de los resultados la tenemos en que el Consejo de Administración de las minas de Almadén y Arrayanes estudia una prima extraordinaria a sus trabajadores por su excelente y eficaz rendimiento”.
A partir de 1945 desaparece la mención expresa a las minas de Almadén. Lo hace al mismo tiempo que se cierra el campo de concentración por falta de reclusos, según los datos que apuntan historiadores locales.
El caso de ‘Los nueve de Chillón’
El arqueólogo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), René Pacheco, relata uno de los episodios más escalofriantes en la provincia que pone de manifiesto lo que ocurría en torno a la cárcel de Almadén que se convertiría en campo de concentración nada más acabar la guerra.
“Sin consejo de guerra previo y de forma totalmente extrajudicial”, explica Pacheco. En la madrugada del 3 de junio de 1939 ocho hombres, uno de ellos menor de edad, son subidos a un camión en la plaza de Chillón (Ciudad Real). En el vehículo les espera ya un noveno. Todos ellos iban a ser trasladados a la cárcel de Almadén. Nunca llegaron y sobre los hechos existen varias versiones. Fueron ejecutados y el agujero que dejó una bomba les sirvió de fosa común. En 2011 sus restos fueron exhumados , identificados y entregados posteriormente a sus familias.
La larga tradición de una cárcel de esclavos
La Real Cárcel de Forzados fue levantada en 1754 para recluir a presos comunes pero sobre todo de forzados, gitanos y esclavos que trabajaban en las minas. El trabajo de los forzados se mantuvo hasta 1799, al suprimirse la pena de minas. El edificio fue cárcel provincial y se convirtió en campo de concentración durante la posguerra civil para ser utilizada posteriormente como silo-almacén de trigo del Servicio Nacional de Cereales. El edificio se derribaría en 1973 para acoger la actual escuela universitaria de minas. Hoy se conservan parcialmente en sus sótanos, restos de las celdas de castigo que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012.
