Castilla-La Mancha y los derechos humanos

Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos tendemos a pensar en contextos lejanos (conflictos armados, guerras, dictaduras) y en organismos internacionales que suenan a oscuros tecnicismos jurídicos. Nada más lejos de la realidad. En nuestra democracia y nuestro Estado Social y de Derecho, siguen existiendo amenazas a los derechos humanos y su garantía y protección es una obligación de las instituciones de nuestro país y de gobiernos a los que elegimos.

De hecho, el cumplimiento de los derechos humanos está vinculado a las competencias de las comunidades autónomas. Sobre todo, los derechos económicos, sociales y culturales, que a pesar de que no gozan de la misma protección jurídica que sus hermanos civiles y políticos, son derechos humanos. La garantía del derecho a un nivel de vida adecuado, a la protección social, a la vivienda, a la salud, a la salud reproductiva, a la educación o a participar en la vida cultural depende cada vez más de las acciones y las políticas autonómicas.

Pero las comunidades autónomas no sólo tienen competencias para legislar e implementar políticas sobre cuestiones que afectan directamente a los derechos humanos, también tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, cumplir sus principios y rendir cuentas de todo ello. Y, aunque no parece tarea fácil, cuentan con herramientas que, bien planteadas y con voluntad política, pueden ser muy efectivas. En este sentido, hay muchas cosas que nuestra Comunidad Autónoma podría hacer.   

Compromisos, objetivos y acciones

Castilla-La Mancha podría implementar un plan autonómico de derechos humanos, paralelo y complementario a la Estrategia 2030 de Castilla-La Mancha que refleje compromisos, objetivos y acciones concretas para el progreso de los derechos humanos y que incluya medidas que garanticen un enfoque de derechos humanos en las políticas autonómicas.

Castila-La Mancha podría reactivar el Defensor o la Defensora del Pueblo regional como institución de derechos humanos: para elaborar informes, supervisar la labor de la Administración e incluso promover acciones en materia de derechos humanos.

Castilla-La Mancha podría poner en marcha (o renovar) un plan autonómico de formación en derechos humanos efectivo, con dotación presupuestaria y medidas específicas para centros escolares, por supuesto, pero también para la propia Administración y los funcionarios públicos.

Castilla-La Mancha podría incorporar indicadores de derechos humanos en los contenidos del Servicio de Estadística e incluso, promover iniciativas relacionadas con observatorios de derechos humanos.

En definitiva, Castilla-La Mancha tiene la responsabilidad compartida de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, que no es sino contribuir a garantizar una vida digna a todos y todas sus ciudadanas y para ello es fundamental que ponga en marcha mecanismos e iniciativas específicas de derechos humanos.