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La economía circular ya cala en las empresas: los consumidores buscan “más allá de la calidad y el precio”

huella de carbono

Alicia Avilés Pozo

La responsabilidad respecto a los impactos ambientales y la mejora de la competitividad son las dos principales ventajas que los actores, instituciones y organizaciones argumentan para defender la apuesta por la economía circular. Así ha quedado patente en algunas de las intervenciones de la jornada ‘Oportunidades y beneficios de la economía circular’ organizada por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) en Toledo.

Entre las principales conclusiones, Eliseo Cuadrao de la Guía, director de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y creador de la iniciativa ‘Castilla-La Mancha Sostenible’,  ha resaltado el papel fundamental del consumidor responsable que busca valores “más allá de la calidad y el precio”, y que quiere productos que respeten el medio ambiente.

Ha resaltado en este sentido la importancia de dar cuerpo y concretar el concepto de ‘sostenibilidad’ puesto que hace 20 años no existía como tal, sino que imperaban factores dispersos de la responsabilidad social. Hoy en día “se configura como la gran iniciativa de defensa del planeta que supone oportunidad y ventajas” para las empresas.

El beneficio “competitivo”

Para este objetivo, ha llamado a las empresas a adelantarse a los impactos que pueden generar porque con ello también se genera un beneficio “competitivo”. “Los consumidores ya buscan valores más allá de la calidad y el precio. También están muy atentos a los impactos de las empresas en el entorno local, a si hay planes de igualdad e inclusión o a si incorporan mejoras en el rendimiento energético. Tenemos que empezar a entenderlo y a detectar cómo nos relacionamos con el consumo responsable, es decir también como oportunidad competitiva”.

Dicho esto, el responsable de la Fundación de la UCLM ha detallado el proyecto ‘Castilla-La Mancha Sostenible’ como el resultado final de un proceso iniciado hace diez años mediante cursos, seminarios, guías normativas y cursos para pymes.  Surgió de la necesidad de adaptación de las empresas a los cambios normativos en transparencia y economía circular, además de las nuevas oportunidades de trabajo en este ámbito.

Realizada con CECAM y con la Junta de Castilla-La Mancha, la plataforma ha comenzado este mismo año con el objetivo de convertirse en un referente informativo y formativo en el ámbito de la sostenibilidad en la comunidad autónoma, “muy relevante” también en la Agenda 2030 y  en su aplicación en el ámbito local. Entre sus contenidos se encuentran aspectos de economía circular, vertidos, emisiones, energías renovables, reutilización, consumo responsable, economía social, cooperativas, inversión y acción social.

En la jornada también ha intervenido Javier Ariza, coordinador de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, quien también ha ensalzado la economía circular como “vía de crecimiento y desarrollo de las empresas”. “Es necesario porque los recursos materiales están llegando a un nivel de consumo imposible de mantener en los próximos años; el usar y tirar debe cambiar a reciclar, reducir y reutilizar junto con el aumento de la eficiencia energética”.

Ha explicado que se ha triplicado el consumo total de recursos, lo que provoca interrupciones en el suministro y precios volátiles de materias primas, materiales y recursos. Esta situación provocó la Comunicación que hace cuatro años dirigió la Comisión Europea al Parlamento comunitario y que derivó en un paquete de medidas sobre la economía circular, con cuatro directivas comunitarias que están en fase de transposición a la legislación española.

Al hilo de ello, el Gobierno español trabaja en una Estrategia estatal actualmente paralizada. En Castilla-La Mancha, habrá una estrategia autonómica posterior a la Ley actualmente en tramitación. Será en el plazo de un año desde que se apruebe la normativa regional e incluirá, entre otras cuestiones, tasas de vertido y fianzas a gestores de residuos para garantizar que si no cumplen con sus obligaciones, no tengan que abonarse posibles impactos medioambientales con dinero público.

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