La futura normativa regional incluirá un informe de impacto demográfico para luchar contra la despoblación

Toda la normativa -leyes, planes y programas- que se elabore en Castilla-La Mancha a partir de hoy incluirá un informe de impacto demográfico para identificar y valorar los efectos y resultados de estas normas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

“Sabemos que el tema de la despoblación es un tema transversal y que afecta a todas las áreas del Gobierno, a todas las políticas que se pueden implementar”, ha explicado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la presentación del primer proyecto piloto de transporte sensible a la demanda, celebrada en Priego, Cuenca, presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y en la que también han asistido el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el alcalde de Priego, Salvador Martínez; y alcaldes de los municipios que van a verse beneficiados por este nuevo servicio.

En su intervención, Martínez Guijarro ha señalado que, con este informe de impacto demográfico “exigimos que cada vez que se pone en marcha un nuevo programa, una nueva ley, se haga un análisis de lo que se llama el impacto demográfico” con el que el Gobierno regional busca adecuar todas esas leyes a la lucha frente a la despoblación.

Guía metodológica

En este sentido, ha apuntado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución aprobada por el Consejo de Gobierno, por la que se establecen los criterios para la elaboración de este informe de impacto demográfico que se recoge, a su vez, en la Ley de Medidas contra la Despoblación.

El informe de impacto demográfico identificará las desigualdades entre los territorios dentro de la Comunidad Autónoma para poder prevenirla en la aplicación de las futuras leyes. Para ello, la resolución publicada hoy incluye una guía metodológica para valorar el impacto de la futura norma en las zonas rurales.

Dicha guía, compuesta por seis bloques, analiza la existencia de alguna diferencia o dificultad especial en la situación de partida en el medio rural, así como la evaluación de la contribución u obstaculización de las medidas de la norma, plan o programa a los objetivos de la política regional de la lucha frente a la despoblación.