El Gobierno regional justifica, una vez más, la nueva Ley de Caza
A pesar de que el texto de la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha ya es oficial, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue justificando sus argumentos que llevaron a la reforma del documento de 1993. Antes de presidir la Gala de la Caza de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, consejera de Agricultura de la región señaló que gracias a esta reforma beneficia a más de 160.000 cazadores. El texto, subrayó la responsable de Agricultura y Medio Ambiente, se caracteriza por ser “moderno, social y respetuoso con el medio ambiente y las especies”. Durante el evento, la Federación de Caza regional reconoció a quienes se han “destacado” en la caza o en su apoyo a la actividad cinegética.
Soriano ha indicado, además, que la caza se destaca por ser la “segunda actividad deportiva” de Castilla-La Mancha, lo que ha respaldado con el número de licencias federativas, con lo que se entiende la importancia y el “enraizamiento” de la actividad en la vida diaria de los pueblos y ciudades, según afirmó la consejera. En la misma línea ha destacado la importancia económica de la actividad cinegética, que ha cifrado en 600 millones de euros al año, y unos 6.500 puestos de trabajo. Para Soriano, esto “permite crear riqueza y empleo en muchos pequeños municipios de toda Castilla-La Mancha.
La consejera ha remarcado también los beneficios administrativos que trae el documento al sector, uno de los argumentos más esgrimidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal para defender la reforma de la Ley de Caza. En este sentido, Soriano ha señalado que se simplifican los trámites administrativos y que la caza será compatible con otras actividades, además de lograr una “planificación integral de la totalidad de los terrenos cinegéticos”. El último de los argumentos que ha señalado Soriano es que “se conserva el medio natural, a la vez que se fomentan los hábitats de las especies”, tal como señala una nota de prensa publicada por el Gobierno regional.
Si bien la necesidad de reformar la Ley de Caza ha sido ampliamente discutida por diversas organizaciones, como WWF España o Ecologistas en Acción, María Luisa Soriano ha insistido en que la actividad cinegética ha cambiado mucho, y que esto ha sido transmitido desde “todas las organizaciones del sector”. Nuevamente, el Gobierno regional asegura que se ha mantenido un diálogo “intenso” con todos los colectivos para que el “texto fuera lo más completo posible”. Las diversas asociaciones ecologistas han negado haber llegado a un consenso con el Gobierno, y aseguran que sólo se han tenido en cuenta alegaciones “insustanciales”, dentro de las 169 que las Cortes regionales aceptaron.
El Gobierno regional ha lamentado también que el “partido Socialista de Emiliano García-Page” intentase boicotear la ley “desde los inicios”, al “aliarse con los grupos anticaza”, a quienes ha acusado de extender “barbaridades” que ha achacado a querer perjudicar la imagen del sector de los cazadores. El PSOE anunció en diversas ocasiones que no estaban en contra del sector cinegético ni de la práctica de la caza, sino de un texto que, aseguraban, había sido diseñado para los grandes propietarios de fincas del sector. En este punto, María Luisa Soriano ha criticado que “el PSOE no saliera a defender a un sector tan importante social y económicamente para la región y participase de forma constructiva en la elaboración de la Ley, en la que le hemos tendido una mano que no han tomado prefiriendo desacreditar la actividad cinegética de manera totalmente irresponsable”.
Dentro de los artículos más criticados por las asociaciones ecologistas, están el número veinte, en el que se regulan el uso de armas permitidas en las actividades cinegéticas. En el punto dos del mismo se establece que “para la práctica de la caza podrán usarse las siguientes armas reglamentadas”, a lo que se suma que “las lanzas en las modalidades de caza que permitan su uso”, algo que se ha interpretado como que se permite el lanceo de animales. Por otro lado en el artículo siete se indica que, si bien los animales domésticos asilvestrados no tendrán “la consideración de piezas de casa”, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de “equilibrio ecológico”, con la autorización de un órgano provincial.
