La Junta fue quien dio los permisos para la mansión de Mónica Oriol en Cabañeros
A través de respuestas a dos preguntas parlamentarias realizadas en el Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista y por el diputado de Compromís Joan Baldoví, el Gobierno ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con la mansión que está construyendo la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, y su marido, el también empresario Alejandro Aznar, en medio del Parque Natural de Cabañeros.
Esta mansión de grandes superficies está dentro del Parque, entre Toledo y Ciudad Real, y ya tiene un expediente sancionador pendiente por irregularidades en las obras así como ha sido señalada por cerramientos ilegales entre otras cosas. Las competencias para permitir esta construcción no recaen en el Gobierno nacional sino que son autonómicas, por lo que los permisos de obra han sido concedidos por la Junta de Comunidades que gobierna María Dolores de Cospedal
Los diputados mantenían que para hacer una obra privada en unos terrenos protegidos por su ecosistema es necesaria la autorización del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el organismo que se encarga de legislar y proteger los mismos en toda España y que es dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo el Gobierno señala que no es así, que no es necesaria la autorización de este ente y que la encargada de los permisos es la comunidad autónoma, por lo que todos los permisos habrían sido dados por el Gobierno de Cospedal. Así, en octubre de 2010 se reciben los permisos para modificar la casa ya existente. También se quiso posteriormente reformar el camino de acceso a la casa, obras que recibieron permisos en abril de 2014 y en julio del año pasado. En ese caso los permisos fueron necesarios porque el camino a reformar es una vía pecuaria, materia autonómica de nuevo.
La Ley de Parques Nacionales señala que se pueden hacer obras dentro de los mismos siempre y cuando haya un acuerdo entre los propietarios y las autoridades regionales, así como que no influya en perder la declaración de Parque Natural. No se sabe si hay acuerdo entre la pareja Aznar-Oriol y la Junta de Comunidades, ya que solo se conoce las fechas de las licencias de obra. Estos acuerdos deben ser estudiados por técnicos para valorar su impacto ambiental y además publicarse en el plan rector del plan nacional, pero los técnicos de la Junta consideraron que las obras no era necesario examinarlas por el impacto ambiental.
No obstante, el expediente abierto a esta obra es por alterar los caminos públicos, donde sí hubo un impacto ambiental como demuestra la denuncia que hizo un agente medioambiental. Entre las infracciones está la destrucción de vegetación forestal del camino sin permiso, el ensanchamiento del mismo de manera unilateral o construcciones en el mismo que suponen una obra permanente. Dicho expediente está aún en estudio y podría convertirse en un expediente sancionador en caso de demostrarse que las obras en el parque no han atendido a la licencia concedida.
El control sobre el Parque Nacional no está a día de hoy concedido plenamente a Castilla-La Mancha, sino a los órganos de gestión internos del parque así como al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por lo que los diputados que han realizado las consultas sobre las obras no entienden que sea competencia únicamente autonómica las obras, más si cabe cuando no cumplen lo pactado, Por ello esperan una respuesta de la propia ministra, Isabel García Tejerina.
