La nueva Ley de Garantías Sanitarias: restrictiva y no informativa con los ciudadanos

Una de las últimas leyes aprobadas por las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, la Ley de Garantías Sanitarias, fue acusada por el mismo grupo socialista de las cortes, que presentó el proyecto en la Cámara regional, de haber sido cambiada en su totalidad debido a las enmiendas propuestas por el Grupo popular en las Cortes. El colectivo de la Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, ha analizado los puntos del texto, señalando cambios que no son precisamente favorables para los ciudadanos.Así, son escuetos en afirmar que el texto aprobado es más restrictivo que la ley que existía con anterioridad, sobre todo en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, al limitar la forma de establecer los tiempos máximos de respuesta, que se determinarán por la Consejería, no por el Consejo de Gobierno. Además, aseguran que la libre elección de médico se restringirá y que los centros ven su sistema de garantías limitado.

En cuanto a las listas de espera, se eliminan los contenidos mínimos que deben tener estos documentos, y se amplía también el plazo para confeccionarlas, pero al omitirse datos, hasta ahora obligatorios, el sindicato asegura que se pierde el sentido de las listas.

En cuanto al trabajo público, se señala que se modifica la Ley de Empleo de Castilla-La Mancha, lo que permitirá que cualquier personal de institución sanitaria pueda ocupar puestos directivos, que antes se limitaba sólo al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Además, se suprime el personal administrativo de Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria, eliminando así puestos de trabajo.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha ha exigido a la Junta de Comunidades que suprima ciertos párrafos de la exposición de motivos del texto de la ley, al considerarlos electoralistas, al considerarse inadmisibles en leyes y normativas, además de no aportar nada. En estos párrafos, la ley ataca al Gobierno socialista encargado de la ley anterior, y según los profesionales sociales “no se puede echar la bronca a través de una norma con rango de ley”.

Culpan también a la nueva normativa en su restricción a los beneficiarios que recoge la Ley de Garantías Sanitarias, considerando que es “lamentable”, que se deje fuera de las garantías a las personas que aun residiendo en Castilla-La Mancha no dispongan de la tarjeta sanitaria del SESCAM, al dejar sin atención sanitaria a colectivos en situación de vulnerabilidad, riesgo y pobreza.

Por otro lado, acusan a la ley de aprovecharse para modificar otras, como es el caso del artículo 16 de Servicios Sociales que podrán terminar con plazas de los servicios sociales, de los 100 auxiliares administrativos para los más de mil centros de servicios sociales de atención primaria de la región. Este es también el caso de la Ley de Empleo Público de la región, por el que el personal estatutario podrá desempeñar trabajo reservado al