La lucha por los desahucios se abre paso todavía tímidamente en las administraciones
Los desahucios en Castilla-La Mancha son un problema que necesita solución y así lo han entendido también las administraciones. En 2014, las estadísticas señalaron la Comunidad como la segunda con la tasa más alta de ejecuciones y la quinta con más ejecuciones hipotecarias durante el año pasado. Podemos señaló en su programa electoral que el Gobierno regional era el que “menos ayudaba” a las familias antes, durante y después del proceso del desahucio.
Ante el problema, las administraciones han ido reaccionando a diferentes niveles. Talavera de la Reina, por ejemplo, aprobó a principios de julio una moción por unanimidad para declarar la ciudad como “libre de desahucios”, gracias a una iniciativa presentada por Ganemos. Con esta declaración, el Ayuntamiento se comprometió a garantizar que las fuerzas de seguridad locales no intervengan ni en los desahucios ni en los lanzamientos de vivienda. Junto a esto, el Gobierno se comprometió a crear un servicio municipal de vivienda y también evitar el corte de suministros básicos, como luz y agua, en caso de impagos.
Algo muy similar se aprobó en la localidad de Esquivias, que también se declaró como “libre de desahucios” gracias a una moción aprobada por Izquierda Unida. La alcaldesa del pueblo, Milagros del Barrio, aseguró que la declaración serviría como una base para evitar cualquier desahucio. La edil señaló que se abriría una oficina de atención para los afectados, quienes podrán recibir asesoramiento práctico y jurídico en materia de hipotecas y alquileres. La moción servía también como el primer paso para la creación de un Plan Municipal de Vivienda, y de acceso al alquiler. Esquivias también anunció la preparación de un registro de demandantes y un censo de viviendas vacías.
La localidad alcarreña de Villanueva de la Torre ha sido el último de los municipios en ofrecer asesoramiento a todos quienes se viesen afectados por una hipoteca que no puedan pagar. La alcaldesa de ‘Ahora Villanueva, Vanessa Sánchez se ha puesto a disposición de los vecinos a título personal, junto a la concejal de Servicios Sociales, en un compromiso “firme” con los vecinos al observar que los desahucios van al alza en la localidad. Villanueva es una de las localidades con más hipotecas por cabeza de España.
La Diputación de Albacete anunció a mediados de agosto que cedía un espacio a la plataforma Stop Desahucios para facilitar el asesoramiento que la plataforma ofrece a los afectados por este problema en la capital albaceteña y en toda la provincia. Santiago Cabañero, presidente de la Diputación, señaló que la plataforma tenía problemas de espacio para llevar a cabo sus actividades y que se correspondía con la intención política de la Diputación de ser “beligerantes” con el “drama” de los desahucios. Además, Cabañero anunció que se llevaría a cabo una especialización profesional en el servicio de Asistencia Técnica a Municipios para asesorar a los Ayuntamientos de la provincia en el tema.
La Junta todavía tiene que concretar el paso en la lucha contra las ejecuciones hipotecarias. Fue precisamente en una reunión con Stop Desahucios Albacete cuando el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz, anunció que se pretendía poner en funcionamiento una Oficina Regional de Atención a Situaciones de Desahucio, que dependería de la Consejería de Fomento y tendría servicios provinciales. Ruiz señaló también que el Ejecutivo abordaría el problema en colaboración con los movimientos ciudadanos y los propios afectados.
Sin embargo, todavía no se ha concretado ninguna fecha para el inicio del funcionamiento de esta oficina, a pesar de que el tema de los desahucios fue una de las ‘líneas rojas’ en las negociaciones entre PSOE y Podemos para alcanzar el acuerdo de investidura. El Plan de Rescate Habitacional fue uno de los últimos puntos en los que se alcanzó acuerdo, y el PSOE se comprometió a que no hubiese desahucios sin que la Administración intermediase y diese una alternativa de alquiler social o una mediación con el banco en cuestión.
El acuerdo señalaba así que el Gobierno regional debía dar prioridad a sus recursos económicos para proceder a la paralización de desahucios a las “deudores de buena fe” derivados de situaciones en dificultades económicas, tal y como establece la Constitución y la Declaración Internacional de Derechos Económicos de la ONU.
