“Miedo terrible, durante muchísimos años”: la historia de las maestras conquenses represaliadas por el franquismo

Carmen Alarcón fue maestra en la pequeña localidad de Villora, de la provincia de Cuenca. Eusebia Martínez de Castro lo era en San Lorenzo Parrilla. María González lo fue en Cuenca capital y Cristina Sánchez en Tarancón. Todas, junto a decenas de docentes, fueron sancionadas por las llamadas Comisiones de Depuración que puso en marcha el franquismo en toda España. Las sanciones eran muy variadas: iban desde la inhabilitación temporal, la suspensión de empleo y sueldo o la separación definitiva del cargo.

Teresa Marín, doctora en historia de la Educación, impartió la charla 'Maestras de Cuenca represaliadas por el franquismo', donde desgranó la historia de decenas de mujeres de la provincia que se sometieron a las comisiones de depuración y a sus sanciones. Marín está especializada en el tema, y de hecho, lideró una investigación desde la Universidad de Castilla-La Mancha que quería “sacar a la luz” la situación de la mujer desde la República hasta el fin del franquismo. La investigación la llevó a publicar el artículo 'Maestras conquenses repreasaliadas por el franquismo' en la Revista Añil en 2004.

“Queríamos sacar a la luz todo lo que había pasado desde la República”, recuerda Marín. Y esto, haciendo especial enfoque en las comisiones de depuración, que suponían una serie de requisitos del entonces llamado Ministerio de Educación Nacional, y que se puso en marcha “muy al principio” del régimen franquista. “Se retiró del puesto a todas las personas que habían trabajado en el Estado republicano. Se quedaban sin destino, sin trabajo”, explica la profesora. La lista de profesionales luego era estudiada para ver si “eran aliadas del régimen o no”.

Habilitadas (o no) para trabajar

La investigación de Marín señala que las personas de dicha lista tenían que hacer, cada una, una declaración jurada explicando en “qué bando habían estado”, y si habían colaborado con instituciones como Socorro Rojo o Amigos de Rusia, “o si eran masones”, entre otras características. Las que eran habilitadas, “las que eran del régimen”, recibían su puesto de trabajo. Las no habilitadas, “sospechosas de ser republicanas”, tenían que hacer una declaración jurada, en la que explicaban que no habían contribuido a la República, sindicato o partido de izquierdas, recalca la profesora.

Esto se hacía a través de la comisión de solvencia ideológica, que tenía que avalar a las personas con su declaración jurada. “Normalmente consideraban que la declaración no era verdadera. Entonces pedían declaraciones a compañeras, compañeros o vecinos para que acusaran a la persona que iba a ser castigada por haber sido republicana”, explica la profesora. “Se fomentó mucho el odio, porque la gente veían que podían salvarse acusando a otros”, recuerda.

Estas mujeres tuvieron dedicarse a limpiar sus casas, a dar alojamiento a otras personas, entre otros quehaceres para “no pasar hambre”. “No había violencia como tal, pero bastante violencia es que no podían comer”, afirma Teresa Marín. Y es que, además, el proceso de depuración era “muy largo” y podía llegar a durar hasta tres años. La investigación de la docente recogió un total de 104 casos, además de la historia de unas 50 maestras que venían de otras partes, y eran forzadas a mudarse a cuenca. “Esto produjo miedo, no hablaban con nadie, ni siquiera con su alumnado. Miedo terrible, durante muchísimos años”, concluye.