Campos del Paraíso: del territorio disponible al pueblo organizado

Durante años, Campos del Paraíso, municipio de la provincia de Cuenca compuesto por los pueblos de Carrascosa del Campo, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Loranca del Campo y Olmedilla del Campo, como tantos otros lugares de la España rural, ha sido tratado como un espacio disponible. Un lugar donde ubicar infraestructuras, proyectos energéticos, trazados o explotaciones que otros deciden y otros aprovechan. Un territorio al que se le pide comprensión, sacrificio y silencio, pero al que rara vez se le devuelve poder, servicios o futuro.

Nada de esto es nuevo. Una comarca llena de parques fotovoltaicos, eólicos, infraestructuras que atraviesan sin quedarse, proyectos extractivos o ganaderos que prometen desarrollo y dejan poco más que impactos.

Todo ello ha ido sedimentando una sensación difusa, casi resignada, de injusticia. Una suma de agravios que, de manera aislada, no siempre encuentra cauce, social, político o respuesta colectiva.

Hasta que algo ocurre.

En Campos del Paraíso, ese algo ha sido un proyecto de planta de biometano. No tanto por lo que es técnicamente -que no explicaré aquí- sino por lo que ha significado simbólicamente. Ha actuado como detonante. Como ese punto en el que distintas frustraciones, miedos y experiencias previas empiezan a reconocerse entre sí. Como si, de repente, muchas demandas dispersas encontraran un mismo nombre.

Lo que estamos viendo estos días no es solo una oposición vecinal a un proyecto concreto. Es algo más profundo. La construcción de un pueblo en sentido político y sociológico. Personas que hasta ahora no habían compartido espacios de deliberación, que no se habían organizado juntas, empiezan a hacerlo. Cazadores, agricultores, jóvenes, mayores, gente que pasea, que corre, que vive el territorio de formas distintas, pero que lo reconoce como propio.

La teoría populista -en el sentido positivo de la palabra- explica que el pueblo no existe de antemano, sino que se construye cuando distintas demandas se articulan en una cadena común frente a un poder que las ignora. Aquí ha ocurrido algo parecido. El biogás o biometano ha funcionado como un significante capaz de condensar una experiencia compartida: la de sentirse, una vez más, territorio de sacrificio.

Y frente a esa lógica dominante, la que presenta estos lugares como espacios vacíos, disponibles, gestionables desde lejos, ha emergido una respuesta democrática y activista. Más de cien personas asistiendo a una primera asamblea vecinal. No para gritar, sino para entender, organizarse, repartirse tareas, crear una asociación, pensar colectivamente cómo defender su derecho a decidir sobre el lugar en el que viven.

Eso es democracia. Eso es activismo. Y eso también es política, de la más genuina sin duda alguna.

No se trata de romantizar el conflicto ni de idealizar la movilización. Tampoco de negar la complejidad de la transición ecológica o la necesidad de nuevas formas de producción energética. Se trata de quién decide, cómo se decide y con quién se habla. Se trata de romper una hegemonía que convierte a los pueblos en receptores pasivos de decisiones ajenas y de construir otra en la que sean sujetos activos.

La radicalidad democrática no está en el ruido, sino en el método. Información, organización, participación, instituciones fuertes y claras. Parar un proyecto, si así se decide colectivamente, pero también reforzar los mecanismos para que no vuelva a suceder sin transparencia ni diálogo.

Al final de la asamblea, cuando la gente ya se iba, un vecino de 84 años se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que contara con él para lo que hiciera falta, dentro de lo que su edad le permitiera. No hablaba de biometano. Hablaba de dignidad. De sentirse parte de algo colectivo.

Quizá de eso va todo esto. De que un pueblo que, acostumbrado a ser espacio, ha decidido empezar a ser sujeto.