Interinos españoles, desatino crónico

Si tuviéramos que señalar uno de esos problemas que nuestro país arrastra con torpeza incomprensible y que es síntoma de la incompetencia de nuestros administradores y sindicatos sería el abuso de la temporalidad laboral en las administraciones públicas.

Señalemos una vez más que las abusadas y estafadas en este proceso no han sido las plazas sino los trabajadores que las han ocupado, que han estado cumpliendo diligentemente su trabajo durante todas estas décadas en que el problema se arrastra, incluido el periodo exigente y crítico de la actual pandemia (aún no se ha acabado), pero sin la compensación justa que les correspondía tanto en derechos como en retribuciones por igual trabajo.

Por decirlo de otra manera: no es que nuestros administradores y sindicatos desconocieran la normativa europea a la que de manera obligada había que sujetarse (normativa cuyo objetivo es proteger a los trabajadores del abuso), es que no les dio la gana hacerlo, casi siempre por motivos económicos inspirados en el catecismo neoliberal más que en el buen servicio público.

No es necesario explicar que es tremendamente triste para los que nos consideramos progresistas (y supongo que para cualquiera con sensibilidad social) que algunos de los sindicatos con más peso en nuestro país hayan participado (y en ello siguen) en negocio tan oscuro y siempre del lado del poder abusador.

Si las abusadas no han sido las plazas (todos sabían que no eran temporales sino estructurales) sino los trabajadores que las han desempeñado, a quien hay que indemnizar o compensar o dar respuesta justa por el abuso padecido (entre otras cosas una retribución inferior a la que merecía su trabajo) no es a las plazas con el regalo navideño e hipócrita de su consolidación (hace mucho tiempo que están consolidadas puesto que son estructurales) sino a los trabajadores.

¿Y cuál sería la solución justa según la línea marcada por la jurisprudencia europea? Desde luego no el despido mediante un ERE encubierto (u OPE), que por una parte equivaldría a premiar al infractor (la Administración que así se quita de encima trabajadores que han generado derechos tras una dura y exigente vida laboral) y por otra parte supone castigar a la víctima del abuso. Algo inadmisible que aquí algunos no comprenden, pero la justicia europea sí. Incluso una indemnización económica de las que estos días se barajan en la prensa (por el ministro Iceta) sería ridícula para compensar el daño provocado no solo durante toda su vida laboral (han sido retribuidos por debajo de su merecimiento por un trabajo equivalente), sino que a ello habría que añadir a mayores el trauma del paro a una edad en muchos casos avanzada.

Desde luego todo ello dibuja un escenario penoso que traduce la ‘insensibilidad’ de nuestras administraciones y sindicatos. El día 2 de junio la justicia europea (TJUE) volvió a dictar un auto para intentar de nuevo guiar a nuestra política y justicia nacional sobre este rocambolesco asunto, en el único sentido en que puede hacerse: la norma y jurisprudencia europea es de obligado cumplimiento y prevalente sobre cualquier otra norma o jurisprudencia nacional que la contradiga.

Tras leer ese auto muchos pensamos que el problema y las soluciones se aclaraban. Lo cierto es que reunido el Tribunal Supremo para interpretar y ajustarse a ese auto del TJUE el resultado ha vuelto a sorprender y decepcionar, y el asunto a oscurecerse como si estuviéramos condenados a no resolverlo nunca. No parece que todos hayan leído el mismo auto del TJUE y eso que a criterio de muchos (algunos de ellos muy cualificados) ese auto explicaba bien el problema y orientaba con claridad las soluciones. Por ejemplo, de ese auto del TJUE parecían desprenderse dos aclaraciones importantes: Una, que las plazas de los interinos abusados no pueden salir a una OPE de libre concurrencia. Dos, que la única solución que puede acercarse a compensar el daño producido es declarar a estos trabajadores inamovibles en su plaza (salvo por las mismas causas que un trabajador fijo) hasta su extinción. Nuestros administradores y demás infractores de la legalidad europea (prevalente) se amparan, creemos que, de forma hipócrita, en que ellos son muy “constitucionalistas”, pero en este embrollo no estamos por amor a la Constitución, sino por haber utilizado con los trabajadores públicos una gestión explotadora y abusadora que en Europa está prohibida y se sanciona. Y ellos lo sabían. La suya es por tanto una excusa poco creíble y a destiempo. Olvidan también que ya hubo otras bolsas de abuso de temporalidad laboral acumuladas por su incompetencia en nuestro país, y olvidan las soluciones que se dieron entonces.

Olvidan igualmente que cuando Europa ordenó incrustar el austericidio neoliberal en nuestra Constitución, cambiándola, durante el gobierno de Zapatero, fue dicho y hecho. Una duda -entiendo yo- que se les tiene que estar planteando ya a las Administraciones autonómicas y locales a la vista de las contradicciones, pero también a algunos juzgados (lo digo como profano y a lo mejor estoy diciendo una simpleza) es a quién hacer caso y a qué normativa y jurisprudencia ajustarse en las decisiones que se tomen en esta materia, si a la europea de obligado cumplimiento y prevalente o a la nacional que parece incumplir aquella.

Todo esto está expuesto ajustándonos al ejercicio de un pensamiento lógico que considera los derechos laborales una conquista de la civilización occidental, de la que Europa es buque insignia, porque si abordamos la reflexión de este problema desde otro plano y pensamos en lo que este calvario supone para los interinos estafados y sus familias desde el punto de vista humano, habiendo desarrollado toda su vida laboral asediados por la inestabilidad y la incertidumbre, con menos derechos y menores retribuciones por un trabajo equivalente, y ahora amenazados de paro y despido gratuito al final muchos de ellos de su vida laboral, ellos que han visto y combatido de cerca (en primera línea y a su edad) la pandemia, sería para echarse a llorar y dudar de que este país esté en sus cabales.

Posdata: si Podemos, que está en el Gobierno, no ha entendido aún que este problema de abuso laboral le interpela y le atañe, y que la única solución justa para compensar el daño producido es dar estabilidad a estos trabajadores hasta la extinción de sus plazas, tiene un grave problema.