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Cuando una sanidad en caída libre se encuentra con una pandemia
“Intentamos meter todo lo que se puede a costa de nuestra piel. La semana pasada tuve en un día 103 pacientes otro día 70. No quiero trabajar menos, lo que quiero es más tiempo por paciente y más calidad.”
Este testimonio de una médica de Castilla-La Mancha aparece en el informe de Amnistía Internacional “La otra pandemia”, que analiza el impacto de la gestión de la atención primaria durante la crisis sanitaria de la COVID-19 en el derecho a la salud de la población -especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad- y de los y las profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Cataluña. La organización lamenta cómo esta gestión deficitaria podría estar retrasando los diagnósticos o agravando la condición de salud de algunas personas, sobre todo de aquellas que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o las personas inmigrantes, que siguen encontrando barreras administrativas en el acceso a la atención sanitaria en nuestra región.
Según un estudio que Amnistía Internacional publicó el año pasado (2009-2018, La década perdida), Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha desinvertido en sanidad, un 18,25% menos que en 2009. En gasto sanitario público por habitante, Castilla-La Mancha es la que más ha desinvertido también, con un 16,4% menos. En atención primaria, la cifra se eleva a un 11,26% menos. Cuando llega la pandemia, este deterioro progresivo de la sanidad ha abocado a la atención primaria a una situación cercana al colapso. La crisis del sistema estaba ya ahí, royendo sus raíces, y la pandemia ha venido a ponerla de manifiesto y a disparar los niveles de esfuerzo que el personal sanitario estaba haciendo para compensar las carencias del sistema nacional de salud.
A partir del mes de marzo de 2020, de manera brusca, se pasa de las citas presenciales a la atención telefónica para evitar contagios. Los escasos adelantos tecnológicos y los recursos humanos y materiales insuficientes provocan rápidamente la saturación de las líneas telefónicas. En Castilla-La Mancha, en el mes de julio de 2020 se produjeron dos millones más de llamadas con respecto a julio de 2019. El número de pacientes se dispara, el número de horas de trabajo del personal sanitario también. La calidad de la atención y la capacidad de resolver los problemas de los pacientes se ven comprometidas. Y, sobre todo, la pandemia ha puesto de manifiesto algo que ya sabíamos y tal vez estábamos olvidando: la atención primaria se basa en el tiempo que se dedica al paciente y en la relación de confianza que se crea con él. Y si se trata de personas especialmente vulnerables, como es el caso de las personas mayores, la importancia del factor humano de la atención primaria se multiplica. En nuestra región la población con más de 65 años supone el 19% del total.
“Ahora no te cogen el teléfono, y cuando te lo cogen te dan cita telefónica para ocho o diez días y para contarles por teléfono lo que te pasa, no para verte. Como no te lo cogen tienes ir al mostrador y hay que hacer cola de una hora, al aire libre"
Mujer de 79 años de Castilla-La Mancha
Las listas de espera, que se duplican en nuestra región, las horas extraordinarias y la sobrecarga de trabajo, la frustración de no poder responder realmente a los problemas de los pacientes, la falta de recursos humanos y materiales han llevado al personal sanitario a un desgaste psicológico y físico, a sentirse carne de cañón, mientras que el paciente ha sufrido de un sentimiento de desprotección, de abandono, de resignación.
Por otro lado, la sobrecarga asistencial, junto con una percepción de no poder atender a todas las necesidades de salud de la población y no contar con las condiciones idóneas en las que realizar diagnósticos, ha generado un incremento de problemas de salud mental y un alto grado de desgaste profesional.
"Yo estoy en tratamiento psicológico, antes tenía insomnio y ahora me ha empeorado. Sobre todo, estamos peor las mujeres. Hay días que no puedo ni ir al baño.”
Como señala esta doctora, la pandemia está teniendo un efecto especialmente perjudicial para las mujeres. En España, más del 75% de quienes prestan cuidados a personas dependientes son mujeres. En el ámbito de los cuidados informales, las mujeres representan el 58% en Castilla-La Mancha. Las desigualdades de género en los cuidados y el trabajo doméstico se han hecho aún más evidentes en el contexto de la pandemia, lo que supone un alto riesgo de sobrecarga para las mujeres.
Aunque no estuviéramos preparados para una pandemia, el sistema de salud se había quedado tan debilitado por las medidas de austeridad de los últimos años que las ratios de personal médico en la atención primaria están muy alejadas de países como Portugal (con la mejor ratio de Europa: 2,6) o Irlanda (1,82). En Castilla-La Mancha la ratio es de 0,82 profesionales médicos por cada 1000 habitantes.
Y puede que este informe solo muestre la punta del iceberg. Con el tiempo, se le irán poniendo cada vez más rostros humanos a la pandemia, nos atreveremos a escuchar las historias que se han vivido detrás de las cifras de contagios y fallecidos, así como de otras personas con patologías no-COVID que también han sufrido las consecuencias de la falta de inversión en atención primaria.
Estamos a tiempo de combatir esta situación. Pero es necesario que el gobierno autonómico aumente progresivamente la inversión asignada a la atención primaria a un 25% del total del gasto sanitario público tal y como recomienda la OMS; además de incrementar las plantillas de la atención primaria para alcanzar la media de ratio de profesionales establecida según la Unión Europea. El contexto de la actual campaña de vacunación hace aún más necesario y urgente el incremento de inversión en la atención primaria.
También se deben eliminar las barreras a la atención primaria a los grupos de mayor vulnerabilidad, adoptando medidas concretas para asegurar que las personas mayores, con enfermedades crónicas y con problemas de salud mental sean atendidas correctamente, así como las personas en situación administrativa irregular.
Asimismo, Amnistía Internacional también exige a la Consejería de Sanidad una mayor transparencia en la difusión de la información, procesos más participativos en el diseño y puesta en marcha de las políticas y mecanismos de rendición de cuentas. Por último, recomienda que se garantice la igualdad de género en el empleo y la vida laboral y personal para las profesionales de la salud.
Cuando un sistema de salud en caída libre se encuentra con una pandemia, se le puede dejar seguir en su trayectoria hasta que se estampe estrepitosamente o se pueden tomar medidas para detener su fatal y progresivo deterioro. Se trata de la sanidad de todas y todos, la pública.
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