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Sólo uno de cada cuatro edificios que tenía que pasar la ITE en Albacete cumple con el trámite
La ITE es una inspección visual a edificios de más de 50 años en la que se determina si éste es seguro para sus moradores y el entorno, determinando si tiene humedades o daños importantes en la estructura.
Inicado ya el 2014 y con 1.360 viviendas en la ciudad, incluyendo las de las pedanías, que no han cumplido con el requerimiento, el Ayuntamiento notificará mediante un escrito a cada una de las viviendas la ampliación en tres meses del plazo para pasar la ITE. Además, tal y como ha asegurado el concejal de Urbanismo de Albacete, Francisco Javier Díaz de Prado: “Vamos a organizar unas jornadas para explicar a los vecinos y los colegios profesionales este aumento en el plazo”.
Así, de los 445 edificios que sí han cumplido con el trámite, sólo 15, el 3%, no superaron la inspección debido a los desperfectos en su estructura. Ahora ese porcentaje de edificios tiene que cumplir con el artículo 22 del Real Decreto 8/2011 donde se establece que:
Cuando de la inspección realizada resulten deficiencias, la eficacia del documento acreditativo de la misma, a los efectos de justificar el cumplimiento del deber legal de conservación a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Suelo, quedará condicionada a la certificación de la realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el estado legalmente exigible, y en el tiempo señalado al efecto.
¿Quien tiene que pasar la ITE?
Tal y como establece este mismo decreto, tienen obligación de pasar la ITE los edificios construidos hace más de 50 años de los núcleos de población que cuenten con más de 25.000 habitantes. Este dato ha llevado a que los núcleos pedáneos de la ciudad de Albacete se vean afectados por la normativa ya que cuentan como parte de la ciudad y no como núcleos por sí mismos.
Es el caso de pedanías como Los Anguijes o Tinajeros, donde todas sus viviendas tienen más de medio siglo, y El Salobral o Santa Ana donde cerca del 50 por ciento de sus viviendas se construyeron antes del año 1963 y ha llevado a sus representantes políticos y a los colectivos vecinales a protestar por lo que consideran una injusticia. Y es que aducen que en municipios con pocos más habitantes que ellos no tienen por qué pasar el trámite.
