El nuevo Plan de Empleo de la Junta “pretende impulsar la igualdad y prevenir” la violencia machista

“Forma parte de esas políticas transversales con las que el Gobierno pretende impulsar la igualdad y atacar y prevenir la violencia de género”. Así define la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández, una de las principales peculiaridades del recién estrenado Plan de Empleo regional.

Las beneficiarias serán víctimas de la violencia de género y mujeres en situación de vulnerabilidad que viven en zonas rurales, es decir, en municipios que no superen los 5.000 habitantes. Tal y como ha detallado la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco, entre el colectivo vulnerable que podrá beneficiarse se encuentran mujeres con discapacidad, inmigrantes o mayores de 45 años.

“A través del empleo empoderamos a las víctimas de violencia de género y prevenimos futuras situaciones de violencia”, ya que, tal y como ha recordado la consejera de Igualdad, muchas mujeres residentes en zonas rurales se enfrentan “a situaciones de dependencia económica de sus parejas”, un contexto que dificulta salir de la violencia de género.

“El empleo da independencia pero también crecimiento personal y profesional”, ha añadido Franco quien asegura que este Plan es la “mejor forma de combatir la vulnerabilidad, tanto de las víctimas de la violencia de género como de las mujeres que, por residir en el ámbito rural, tienen menos oportunidades de empleo y formación”.

Entidades locales y sin ámbito de lucro, así como empresas, pueden adherirse a los beneficios de la convocatoria, dotada con cuatro millones de euros de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Según la consejera de Economía, “el 84% del presupuesto va dirigido a entidades locales; el 13% a empresas y el 4% a entidades sin ánimo de lucro”.

Tres líneas de ayudas con un único objetivo: la independencia de las mujeres

La primera línea de ayudas a la contratación va destinada a “la formalización de contratos temporales de seis meses de mujeres vulnerables”, explicaba Franco. Los solicitantes deberán encontrarse en municipios menores de cinco mil habitantes.

Las mujeres víctimas de violencia de género son el objetivo de la segunda línea de ayudas, dotada con “710 mil euros del total del presupuesto” y va dirigida a “todos los municipios, a todo el tejido empresarial de la región y a todas las entidades sin ánimo de lucro”.

Las ayudas a la contratación de ambas líneas serán de 6.500 euros. Respecto a la tercera convocatoria, dotada con 84 mil euros, Franco ha destacado que “apuesta por la estabilidad en el empleo” por lo que fomenta la contratación indefinida de mujeres de cualquiera de las dos líneas o de mujeres que ya estén trabajando“.

En este caso, “el importe de ayudas es de siete mil euros” solo podrá solicitarse si dicha contratación indefinida tiene una vigencia de tres años. Entre los requisitos comunes de las tres líneas, “los ayuntamientos que quieran contratar a mujeres en el ámbito rural no podrán exceder las quince contrataciones” y, cualquier entidad participante, deberá contar con un Plan de Prevención de riesgos laborales.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los solicitantes tendrán diez días hábiles para presentar sus proyectos. “Entre el 4 y el 15 de noviembre estará cerrado el plazo de presentación y a partir del 17 de noviembre se concederán las ayudas y podrá iniciarse la búsqueda de candidatas.”

“El objetivo que nos marcamos es dar una independencia a las mujeres que tienen más dificultades pero también mejorar su formación y su recualificación para afrontar con más éxito la búsqueda de empleo”, ha asegurado Patricia Franco.

Empleo como herramienta para reducir la violencia de género y la despoblación

“De los 919 municipios de la región, 845 tienen menos de cinco mil habitantes”, ha recordado la consejera para añadir que la promoción del empleo es una medida que “evita la despoblación de nuestros pueblos”.

Entre los objetivos del Plan, el Gobierno regional espera que disminuya “la brecha existente en términos de empleo entre hombres y mujeres”. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), “un 57,35% del total de personas desempleadas son mujeres.” Unos efectos de la desigualdad que se extrapolan a otros aspectos laborales como la conciliación o la parcialidad.

“El horario de las empleadas públicas no es el que da problemas a la hora de conciliar”, ha asegurado la portavoz del Gobierno. “Las empresas deben pensar cómo es posible facilitar el empleo. Por ejemplo, la digitalización puede favorecer que el presentismo no sea imprescindible”, ha añadido.

Blanca Fernández ha recordado que el 90% de las reducciones de jornada las piden las trabajadoras y que “la parcialidad efectivamente la solicitan las mujeres”.

Denunciar la violencia de género “no es imprescindible para ser beneficiaria”

Las oficinas de empleo y los Centros de la Mujer “establecerán quienes son las mujeres que cumplen con los requisitos” para ser contratadas acogiéndose al Plan. Los solicitantes podrán “acudir a la oficina de empleo o abrir su propio proceso de selección”. En este sentido, Franco ha animado a aquellas mujeres “que sientan que tienen una oportunidad de beneficiarse”, a acudir a su Centro de la Mujer, a las oficinas de empleo o a los servicios sociales.

Tal y como ha recordado la consejera de Economía, las técnicas del Instituto de la Mujer trabajan con perfiles muy distintos y, entre ellos, difunden las ayudas y los programas de los que pueden ser beneficiarias.

“A los efectos de la administración, también consideramos víctimas de violencia de género a aquellas que no han denunciado. No es imprescindible una denuncia para ser beneficiaria de esta o de otras ayudas”, ha asegurado la consejera de Igualdad.

Según ha cuantificado la portavoz, en nuestra región entre 200 y 300 mujeres se encuentran en esta situación. “Hay muchas que no denuncian por miedo o por dependencia económica y otras que lo han hecho anteriormente. Una víctima con sentencia firme lo es ya para siempre”.