La consejera de Desarrollo Sostenible potenciará las políticas para mitigar los efectos de las emergencias climáticas

Uno de los asuntos prioritarios de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha en esta legislatura es trabajar en la reducción de los tiempos en las autorizaciones e informes ambientales de los proyectos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico, industrial o urbanístico de la región, “siempre velando por la conservación y protección de nuestro territorio”. Para ello, se revisará la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para adaptarla a las nuevas requerimientos ambientales y actividades o proyectos empresariales.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera del ramo, Mercedes Gómez, durante su intervención este viernes en comisión parlamentaria para explicar las líneas estratégicas de su departamento en esta nueva legislatura que acaba de comenzar.

También ha señalado que se van a potenciar las políticas para mitigar los efectos de la emergencia climática. “Debemos contar con instrumentos adecuados y para ello estamos impulsando la Estrategia de Cambio Climático 2030 y vamos a promover la nueva Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, como compromiso claro desde nuestra región, para lo cual contaremos con las aportaciones de colectivos, sectores económicos y entidades en un diálogo permanente y de cooperación para abordarla desde todos los puntos de vista e intereses necesarios que nos englobe a todos”.

Prevención de incendios durante todo el año

Dentro de las actuaciones “fundamentales para hacer frente al cambio climático en la actual tesitura, está la de primar las tareas de prevención durante todo el año para hacer frente a los incendios forestales que fundamentalmente se producen en verano”, ha afirmado.

Al respecto, ha subrayado que Castilla-La Mancha es de las comunidades que más invierte en la campaña de prevención y extinción con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros, “de los cuales el 65 por ciento se destina a realizar tareas de prevención”.

Esta decisión, “junto a la profesionalidad y eficacia del Plan Infocam, ha contribuido de manera notable a que, a punto de concluir la época de alto riesgo de incendios forestales, hayamos reducido un 90,83 por ciento las hectáreas calcinadas respecto a 2022, y en un tercio el número total de los incendios, logrando apagar el 91,11 por ciento de los más de 1.300 producidos a lo largo de este año en fase de conato”, ha dicho la consejera.

Energías renovables

Gómez también ha puesto en valor la importancia que va a continuar dando el Ejecutivo de Castilla-La Mancha a la conservación, promoción y aprovechamiento del medio natural, “siempre desde el prisma de una gestión sostenible, tanto social, como medioambiental”.

Asimismo, ha reseñado que la promoción de una actividad cinegética “responsable y sostenible” que contribuya a la conservación del medio natural va a seguir siendo una prioridad “e iremos de la mano del sector”.

Así, ha dicho, se continuará promocionando la caza con medidas como las licencias gratuitas para los residentes en la comunidad, o la puesta a su disposición de nuevos cotos sociales, como es el caso del coto social de Riofrío este próximo mes en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), el noveno de Castilla-La Mancha, con el que se alcanzarán ya las 13.000 hectáreas cinegéticas en los mismos.

La titular de Desarrollo Sostenible también ha destacado que la transición energética en base al desarrollo de las energías renovables, “va a continuar siendo uno de los grandes pilares económicos de generación de empleo y riqueza en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, ha subrayado que la región se ha convertido en una comunidad líder en potencia eléctrica instalada procedente de las denominadas energías limpias, con un 83 por ciento de su mix energético, 23 puntos más que la media en España, compuesto por renovables, “contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático, a la vez que impulsamos que tanto particulares como empresas y las administraciones publicas puedan ver abaratar sus facturas eléctricas”.