Fumata blanca en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para aumentar el número de diputados

Los grupos parlamentarios del PSOE y PP han llegado a un acuerdo para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, paralizada desde octubre del 2024. El PSOE ha presentado una enmienda transaccional en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, con las que se aumenta el número de diputados regionales hasta un máximo de 55, con un mínimo de 25 escaños.

La propuesta señala también que estos cambios no podrán tener lugar hasta el día 30 de diciembre del 2027. Así lo ha presentado la diputada socialista, Ana Isabel Abengózar, que ha recalcado que hasta entonces, las Cortes regionales estarán compuestas por un mínimo de 25 y un máximo de 35 escaños, tal como señala el Estatuto vigente.

El PP ha aceptado la enmienda transaccional. La diputada Carolina Agudo ha señalado que así se “da garantía a que el régimen electoral invariable hasta después de las elecciones”. “Nuestro objetivo en la tramitación de este estatuto está conseguido”. Ya en la comparecencia previa a la Comisión de Asuntos Generales, Agudo explicaba que la intención del grupo 'popular' era evitar que el número de diputados fuese un “escollo” en la tramitación del Estatuto de Autonomía.

“Creo que ganamos todos con este nuevo texto. Atrás quedan los intentos de ponernos de acuerdo. Hoy son una realidad. Castilla-La Mancha a partir de hoy da un pasito más hacia la aprobación de su nuevo Estatuto de autonomía, propio del siglo en el que vivimos”, se felicitaba la portavoz socialista Abengózar.

De esta manera, la Proposición de Ley del nuevo Estatuto queda “lista” para ser elevada a Pleno, gracias a la suma de los votos favorables para la iniciativa de PP y PSOE, incorporando también las 40 enmiendas pactadas, más la transaccional. Durante la sesión se han rechazado las 35 enmiendas parciales de Vox, que ha asegurado que las dejarán vivas para el pleno.

Estatuto para una “realidad” del siglo XXI

Abengózar ha defendido durante la Comisión que el nuevo Estatuto refleja las “realidades y necesidades” de una sociedad del siglo XXI. “Ahora somos una región competitiva”, aseveró. Además, la diputada aseguró que la norma promueve la “libertad, la igualdad real y efectiva”, mientras también “garantiza el acceso a servicios públicos en condiciones de igualdad”, que otorga como “deber” a la ciudadanía, la defensa de los valores “democráticos, constitucionales y los derechos humanos”.

“Garantiza el desarrollo de políticas públicas activas de redistribución de la riqueza y reducción de la pobreza”, explicó Abengózar, de la mano del tercer sector y las entidades de la economía social. La norma, añadió, “recoge y protege” el carácter “eminentemente rural” de la región, y el blindaje de los servicios públicos en este entorno, así como la lucha contra a despoblación.

“Como decía antes, un Estatuto de autonomía que ahora recoge las competencias que se nos han asignado o que hemos adquirido a lo largo de estos cuarenta años, pero también introduce nuevas competencias. Un estatuto que ahora habla de inteligencia artificial, quién nos lo iba a decir cuarenta años atrás”, resumió la diputada socialista.

Por su parte, la diputada 'popular' Carolina Agudo, ha destacado que el texto quiere hacer también un “reconocimiento de valores” y respeto a los derechos humanos, junto al blindaje de los servicios sociales, la sanidad y la educación. “Es lo que más importa a los ciudadanos de nuestra tierra”. Además, resaltó que se reconoce el diálogo social como un “componente esencial para nuestra sociedad”.

Fin a un desacuerdo de meses

El PSOE anunció a finales de octubre de 2024 que suspendía la tramitación de la reforma por una enmienda presentada por el PP, en la que se pedía que mantuviese la horquilla de diputados entre los 25 y los 35. “Son unos titiriteros políticos”, lamentaba entonces el secretario de Organización regional, Sergio Gutiérrez. “Hasta que el PP tenga las agallas de defender su palabra, damos por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto”, zanjaba entonces.

Fueron los socialistas los que solicitaron a la Mesa de las Cortes la reactivación de la tramitación de la Proposición de Ley del nuevo Estatuto de Autonomía, que recibió luz verde el pasado 28 de abril. Esto, tras un ultimátum de los socialistas a los 'populares' en febrero: “Vamos a dar la última oportunidad”, aseveraba Sergio Gutiérrez.

Tras esta comisión parlamentaria, la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha llegará al pleno del Parlamento regional, y será la socialista Ana Isabel Abengózar quien defienda el dictamen de la norma.

La Junta de Castilla-La Mancha, “muy satisfecha”

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado “muy satisfecho” ante el acuerdo entre PP y PSOE, destacando el “clima especial” político de la región respecto al ambiente que se respira a nivel nacional.

Además, ha expresado que no ve ninguna razón ni inconveniente en que se apruebe en el Congreso de los Diputados, confiando en que se tramite con la máxima agilidad posible.

“Estamos muy satisfechos porque tenemos un texto que nos puede servir perfectamente para las dos próximas generaciones, un estatuto de nueva generación donde se recogen los derechos de la ciudadanía, donde se garantizan los servicios públicos, se incorporan nuevas herramientas para la gestión, pensando en la figura del decreto ley o la utilización de la inteligencia artificial, donde abre la posibilidad de asumir nuevas competencias”, ha remarcado.

Se ha impuesto “el sentido común”, ha afirmado Guijarro, que considera que habría sido muy difícil explicar a la ciudadanía en Castilla-La Mancha que, “por una cuestión puramente electoral, no hubiésemos podido tener un nuevo Estatuto del siglo XXI”. “Los grupos han sido hábiles a la hora de buscar una fórmula”, ha afirmado.

Guijarro ha mencionado además que se incorpora “una mayoría reforzada de tres quintos” para sus posteriores modificaciones, siempre y cuando esta ley se haya aprobado por una mayoría de tres quintos. “Este acuerdo permite que cuando se apruebe la próxima ley electoral, los diputados podrán decidir que quien quiera modificar esa ley tiene que tener tres quintos”, ha concluido.