Impuestos, vivienda o caza: más de 20 cambios normativos que ya son oficiales en Castilla-La Mancha y quizás no conoces

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.