La patronal del sector en Castilla-La Mancha apoya a Page contra el plan de Belarra para las residencias de mayores

Una anciana en su habitación de una residencia

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El presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), Francisco José Núñez Alía, ha alertado de que suscribir mañana, como está previsto, el 'Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)', en los términos en los que está redactado, “pone en jaque miles de puestos de trabajo” y “supone el cierre de cientos de plazas y servicios” dedicados a la atención a las personas mayores en toda la región, en especial en el medio rural.

Se alinea así con el rechazo manifestado por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y contra el nuevo modelo “arriesgado” que aspira a imponer en las residencias de personas mayores, al considerar que “si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”.

La asociación cree que “aplicar los criterios que marca el nuevo modelo requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha”, ha defendido Núñez Alía, que ha advertido de que “si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo”.

Por tanto, ha reclamado al Gobierno que antes de aprobar ningún cambio en los criterios de acreditación de los centros “apruebe, o al menos comprometa, qué financiación le acompaña”.

Para ARTECAM, el nuevo modelo de centros supondrá un cierre de centros y servicios, sobre todo en el medio rural, y una “irreparable” pérdida de empleo en la comunidad. En este punto, Núñez Alía ha recordado que el sector de la atención a las personas es el que más puestos de trabajo genera en relación a la inversión realizada y constituye un motor fundamental de generación de riqueza, como lo prueba el hecho de que el sector reporta 40,4 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos.

¿Qué propone el nuevo modelo?

El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.

Así se recoge en el nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia.

El nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge entre otros aspectos que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo “no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas”; mientras que las “localidades o zonas de densidad intermedia” tendrían el límite en 90 plazas; las “ciudades o zonas densamente pobladas”, en 120.

La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha es una organización empresarial sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1992, con el objetivo de integrar a todos los centros privados de atención a personas mayores de la comunidad. En la actualidad, representa a 83 centros con un total de 7.493 plazas residenciales, que generan empleo para un total de 3.296 trabajadores.

En este debate, el Partido Popular de Castilla-La Mancha también aprovechaba para arremeter contra García-Page. El vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, calificaba de “absolutamente sorprendentes” las críticas de Emiliano García-Page al plan de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, porque en su opinión, el “modelo de concertación que el socialismo castellanomanchego ha presentado a los agentes implicados adolece de los mismos defectos, siendo la escasez en la financiación la que convierte a ambos modelos en insostenibles”. 

IU critica que Page se centre en “hacer oposición” al Gobierno central y que no asuma “sus competencias”

Mientras, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha considera “inadmisible la falta de responsabilidad de quien no asume sus competencias”, sobre todo cuando debe y puede garantizar esta financiación “con los más de 12.000 millones de euros del presupuesto regional para 2022”.

El responsable regional de Política Institucional de IU Txema Fernández recuerda que el Gobierno regional ya ha utilizado fondos del Estado “para las políticas de igualdad, con el Plan Corresponsables, sin aportar más dinero a los ayuntamientos para la implementación de las medidas contempladas”, por lo que parece que “en este caso el dinero del Ministerio sí que le vale”.

De ahí que Txema Fernández dice ni entender ni compartir “la falta de receptividad del presidente para garantizar la financiación y situar a las residencias para mayores y para personas con discapacidad en el lugar que se merecen”. No se trata, aprecia, “de que nadie invite a café a nadie o nadie pague no sabemos qué, se trata de asumir una competencia que, a día de hoy, se ha demostrado que necesita mayor inversión para no caer en las situaciones vividas durante la pandemia”.

En este sentido, el responsable regional de Izquierda Unida denuncia la “irresponsabilidad de un presidente que critica, sin alternativa, las políticas que humanizan las residencias de mayores únicamente para ser oposición del Gobierno de España”. Y es que, lo que propone el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “son directrices básicas, llamadas de garantizar situaciones más dignas para los usuarios de estos centros”, relacionadas con las ratios de plantilla y con las características técnicas y físicas de los centros.

Se trata de “mejorar infraestructuras para convertirlas en centros garantes del óptimo bienestar de los mayores y personas con discapacidad” apostando, en los centros de nueva construcción, por limitar a 90 el número de plazas y por incluir una ratio de 0,35 trabajadores en residencias de mayores, y 0,42 en residencias con personas con discapacidad en el año 2023.

“Page teme que la propuesta mejore las condiciones de habitabilidad, empleabilidad y humanización de lo que se quiere trabajar en la región”. Ante la “desairada” respuesta del presidente regional, el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha indica que “tal vez lo que teme García-Page es que este acuerdo mejore las condiciones de habitabilidad, empleabilidad y humanización de lo que se quiere trabajar en Castilla-La Mancha”.

Porque, casualmente, “se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones -dotadas con 5.322.868 euros- para la financiación de proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en viviendas y centros de mayores de titularidad municipal”.

Quizá “lo que ha sorprendido al presidente es que lo que quiere subvencionar en la región no es el modelo de residencias y centros de mayores que tiene el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su hoja de ruta”, marcada desde enero de 2021 cuando el pleno del Consejo Territorial aprobó el denominado 'Plan de choque'. Documento que recoge doce puntos para la mejora del sistema, uno de ellos referido a la necesidad de abordar las modificaciones del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 que sean necesarias para reforzar la calidad de los servicios.

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