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CIUDAD REAL

Almadén (y el PSOE) se echan a la calle para pedir al Gobierno de España que cumpla un convenio de hace 20 años

Manifestantes en Almadén (Ciudad Real) para reclamar soluciones económicas incumplidas desde que se cerraron las minas de mercurio

Carmen Bachiller

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20 años de incumplimientos. Así se resume el sentir de la protesta celebrada en Almadén (Ciudad Real) para pedir que se cumpla “de una vez por todas” el convenio de colaboración firmado el 26 de octubre del año 2005 entre el Ayuntamiento, Minas de Almadén y Arrayanes SA (MAYASA) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los vecinos de esta comarca de Ciudad Real salieron de nuevo a la calle porque tras el cierre de las minas de mercurio, no se han cumplido las promesas para dotar de alternativas económicas a la zona.

Convocada por la Plataforma Forzados de Almadén junto con la Asociación de 'Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras' y la Asociación Juvenil 'Fuerte de la Mina' se concentraban a las puertas de MAYASA, empresa propiedad de la SEPI que a su vez dependen del Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero.

SEPI firmó en el año 2005 un convenio con el Ayuntamiento de Almadén, consecuencia del Plan de Empresa firmado en el año 2003 con los sindicatos, en el que se comprometía con el Consistorio almadenense a efectuar una serie de inversiones y la atracción de empresas a través de sus filiales, para compensar los efectos socioeconómicos provocados por el cese de la actividad minera, en una comarca que vivía de ese monocultivo desde hacía siglos. Entre ellos la creación de un polígono industrial en terrenos propiedad de la empresa y la creación de 200 puestos de trabajo que compensarán los perdidos.

Casi 20 años después, SEPI no ha cumplido ninguno de esos compromisos, recordaban los convocantes, “mientras sigue liquidando MAYASA, infraexplotando la Dehesa de Castilseras (finca con 9.000 hectáreas), y desinvirtiendo en la conservación del Parque Minero, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad”.

El cese de la actividad minera, junto con los incumplimientos de SEPI, ha tenido como consecuencia que Almadén haya pasado de unos 14.000 habitantes a los escasos 5.000 actuales y en el mismo porcentaje han disminuido los demás pueblos de la comarca.

Los vecinos de Almadén creen que “el Estado español sigue ninguneando a la comarca de Almadén. Han pasado gobiernos de diferentes colores, pero ninguno de ellos ha dado muestras de querer verdaderamente revertir esta situación. Cuando estaban en la oposición porque los contrarios eran ineptos y cuando estaban en los gobiernos directamente miraban a otro lado”, denuncian.

La Plataforma Forzados de Almadén ha mantenido durante esta legislatura innumerables reuniones con instituciones, partidos políticos y movimientos ciudadanos. De igual manera la Asociación de Beneficiarios han mantenido “reuniones incansables” con todos los presidentes que han pasado por MAYASA, con sindicatos y todos los actores que tenían participación en el destino de la Dehesa de Castilseras.

Y de momento sin soluciones. Tan solo el anuncio de elaborar un Plan Estratégico que permita actualizar aquel convenio de 2005.

El PSOE pide soluciones al Gobierno (del PSOE) y Unidas Podemos

A la movilización también se sumaba el PSOE. El mismo partido que gobierna en España junto a Unidas Podemos y del que dependen tanto MAYASA como la SEPI.

La secretaria general socialista en la localidad Manuela Casado acompañó a vecinos y representantes de las minas en la movilización “en sus justas demandas”.  

Y es que desde la agrupación local de Partido Socialista de Almadén, explican, “somos conscientes de que en el año 2005 se firmó un convenio entre Minas de Almadén y Arrayanes y el Ayuntamiento de la localidad, con el visto bueno del presidente de la SEPI”. Se trata de un convenio que contenía cinco cláusulas que incluían cesiones e inversiones en compensación por los años continuados de la explotación minera en Almadén, nicho principal de empleo de la localidad. 

El acuerdo trataba de paliar esta situación aportando nuevas oportunidades para el desarrollo de la localidad. No obstante, la SEPI y MAYASA afea el PSOE, “están incumpliendo desde hace muchos años, de manera que si el convenio se firmó en 2005”. Desde entonces han sido varios los gobiernos, según recuerdan, aunque cargan en particular contra los de Mariano Rajoy (2011-2018).

Recientemente se anunciaba un proceso para elaborar un Plan Estratégico para Almadén. En realidad es una especie de reedición del convenio de 2005, para actualizarlo. El PSOE alaba la iniciativa pero la califica de “insuficiente dada la lentitud de las actuaciones”.

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