El próximo Consejo de Gobierno dará el visto bueno a la Estrategia frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha

El próximo Consejo de Gobierno dará el visto bueno a la Estrategia Regional Frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, el principal instrumento de planificación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, que entró en vigor el pasado 1 de junio tras su aprobación por unanimidad en las Cortes regionales.

Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha presidido en Cuenca la constitución del Consejo Regional del Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación, un órgano colegiado de colaboración, cooperación y participación adscrito a la Vicepresidencia y en cuyo primer orden del día ha estado precisamente informar de dicha Estrategia.

Con más de 200 medidas en cuatro ámbitos de actuación -servicios públicos, económico, social y territorial-, su objetivo es la puesta en marcha de medidas que favorezcan el asentamiento y la fijación de población, faciliten el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento, y garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en zonas afectadas por la despoblación.

Dado que las medidas para hacer frente a los desafíos demográfico deben tener un recorrido a medio y largo plazo, la Estrategia tendrá una vigencia de diez años, con revisiones cada cuatro, para analizar los resultados derivados de las mismas.

Martínez Guijarro ha destacado el “alto nivel participativo” logrado en la elaboración de este documento, tanto a nivel institucional, como con los agentes sociales y económicos, así como con el conjunto de la ciudadanía en general. De hecho, además de pasar por un proceso de participación ciudadana con más de 3.000 aportaciones, cuenta con el informe de once consejos asesores de la Administración regional.

Novedades

Entre las actuaciones que incluye la Estrategia, señalar en materia sanitaria la implantación de la telemedicina o la teleasistencia, la entrega domiciliaria de medicamentos o el seguimiento de patologías crónicas en el propio domicilio.

En Educación, incluye la generalización del programa Carmenta en centros rurales de Primaria y Secundaria obligatoria; la apertura de colegios rurales con un mínimo de cuatro alumnos; impulsar actividades extraescolares y complementarias; ayudas al transporte escolar del alumnado de enseñanzas no obligatorias; facilitar residencias para el alumnado de enseñanzas no obligatorias; plazas residuales en el transporte escolar al alumnado de enseñanzas no obligatorias; apertura de aulas matinales y comedores escolares; contrato-programa para enseñanzas no obligatorias; un erasmus rural o la Formación Profesional Dual en zonas rurales.

En cuanto a servicios sociales, contempla la creación de equipos provinciales de apoyo a la atención en el domicilio; servicios de comidas a domicilio; podología itinerante en el medio rural; desarrollo de un plan de telecuidados; teleasistencia para mayores de 70 años; un programa de capacitación y promoción digital para mayores de 55 años; o recursos residenciales a menos de 40 kilómetros del domicilio.

Del mismo modo, la Estrategia contempla en materia de transporte la implantación del modelo de transporte sensible a la demanda y, respecto a economía y empleo, la puesta en valor de recursos naturales, el impulso al sector artesano, ayudas a la promoción del comercio minorista, un programa de captación del talento, el impulso a la Formación Profesional Dual para el empleo, ayudas a las entidades locales para la contratación de jóvenes hasta 30 años, o medidas para la conciliación laboral y familiar, entre otras.

Por su parte, y con el objetivo de estabilizar el empleo público en el medio rural, incluye el teletrabajo vinculado a la fijación de residencia, la valoración como mérito adicional de la permanencia, el tiempo de desempeño en puestos de trabajo en el medio rural y el incremento del complemento específico en zonas rurales despobladas.

Para el sector agrario y forestal, contempla, entre otras, la creación de canales cortos de comercialización, ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes, el uso de las energías renovables en regadíos, la Formación Profesional de titulares y personas trabajadoras de las explotaciones agrícolas, el aprovechamiento mecanizado de biomasa forestal, el apoyo técnico para la certificación forestal y potenciar los proyectos de bioeconomía.

En materia de vivienda, incluye una oficina de fomento de la vivienda rural, una nueva tipología de vivienda protegida rural y ayudas a la rehabilitación edificatoria y, en respecto a las nuevas tecnologías, abunda en la importancia de fijar puntos de inclusión digital y la extensión de la fibra óptica y el 4G.

Aborda también la Estrategia la promoción de la cultura y el ocio responsable, facilitar el acceso a los servicios financieros y poner en valor la imagen y reputación del medio rural.

Gobernanza abierta y espacios de diálogo

Martínez Guijarro ha explicado que la creación del Consejo Regional del Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación responde al objetivo del Gobierno del presidente García-Page de garantizar la participación de las entidades locales y de los actores sociales y económicos en la toma de decisiones para frenar la pérdida de población. Un proceso de gobernanza abierta que incluye también la puesta en marcha de espacios de diálogo con grupos de expertos, reuniones con agentes públicos y privados, así como encuentros con otros actores interesados en la materia.

Este Consejo desarrollará su trabajo en sesiones plenarias que integrarán la Presidencia, que ejerce el vicepresidente regional; la Vicepresidencia, a cargo del Comisionado del Reto Demográfico; y la Secretaría, que ostenta una persona funcionaria de la Administración regional.

Además, cuenta con vocalías para representar a cada una de las consejerías de la Administración Autonómica, un representante de cada una de las cinco diputaciones provinciales, y cinco representantes de las entidades locales designados por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y que representen a las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

A ellos se suman dos representantes de las organizaciones sindicales, un representante de los empresarios, un representante designado por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), un representante designado por la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, un representante por cada una de las Universidades Públicas de la región (UCLM y Universidad de Alcalá) y un representante del tejido asociativo de la mujer rural, a propuesta del Consejo Regional de la Mujer.

Tanto el Pleno como las Secciones se reunirán en sesión ordinaria una vez al año y podrán hacerlo de forma extraordinaria cuando la importancia o urgencia de los asuntos a tratar así lo requiera.