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Rosana Rodríguez aclara a Ciudadanos que "los centros de educación especial no hacen terapia clínica sino intervención socio-educativa"

Foto de archivo

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez ha aclarado hoy al Grupo Parlamentario Ciudadanos que “los centros de educación especial no hacen terapia clínica sino intervención socio-educativa”.

Era la respuesta a la Proposición no de Ley presentada hoy en las Cortes regionales por Ciudadanos sobre la necesidad de respuestas de los centros de Educación Especial durante la pandemia originada por la COVID-19.

La portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo, había solicitado desarrollar alternativas de conciliación para las familias afectadas por el cierre temporal de estos centros educativos “incluyendo la creación de un servicio de cuidadores en el hogar destinado a este tipo de alumnado en especial los de los niños con alta afectación y dependencia”.

Esta medida, señala Ciudadanos, sería también aplicable a personas con discapacidades severas que así lo solicitaran escolarizadas en centros ordinarios.

Además, la formación reclama el “traslado domiciliario de los recursos específicos de los centros de educación especial como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas a los domicilios de las familias que lo demanden cuando estos centros educativos sufran un cierre temporal o los alumnos estén dentro de una cuarentena”, incluyendo presupuesto para hacerlo.

“Indica un cierto desconocimiento de estos centros”, afeaba a Ciudadanos la consejera

Rosa Ana Rodríguez afeaba a Ciudadanos que la solución propuesta indica “un cierto desconocimiento de estos centros de Educación Especial” y que trasladar sus recursos al marco domiciliario es no conocer lo que allí se hace.

“Sus funciones son meramente educativas. Lo que ustedes piden se corresponde a una respuesta clínica. Dicen que necesitan terapias que no se les han dado: cuidados que se enmarcan en el ámbito asistencial y hospitalario, pero no en el educativo”, insistía.

Ha recordado que ya existe un Plan de Salud regional que incluye “medidas de apoyo y cuidado desde la multiprofesionalidad” y que están coordinadas por las consejerías de Sanidad, Educación y Bienestar Social.

Además, aclaraba que, en estos centros, “no hay logopedas sino especialistas en audición y lenguaje” y criticaba la postura de Ciudadanos: “Hacer creer a las familias que existe esa figura no les beneficia. Ustedes dan expectativas no ajustadas a la realidad. Tampoco hay fisioterapeutas”, para tratamientos específicos sino para la corrección postural del alumno.

La consejera ha incidido también en explicar qué tipo de alumnado está en los centros de Educación Especial y que aparece recogido en el decreto de Inclusión Educativa que funciona desde noviembre de 2018 en la región.

Se trata, recordaba la consejera, de “alumnado que requiera una respuesta educativa que no pueda ser proporcionada por centros ordinarios para cursar la etapa de Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria y Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta Básica o de Capacitación” y apuntaba que esta modalidad de escolarización es además “revisable y reversible para favorecer los procesos de retorno a modalidades ordinarias de escolarización para lograr mayor inclusión.

En este aspecto, decía, “se olvidan de los orientadores tienen mucho que decir en las propuestas de escolarización de estos alumnos”.

Ciudadanos ha reclamado también apoyarse en la “teleintervención” cuando el traslado de recursos al domicilio no sea posible e incluir una partida dentro de los Presupuestos regionales para 2021 destinado a facilitar la conciliación de las familias con hijos con discapacidad para ser desarrollada por servicios públicos o entidades del tercer sector.

“La teleintervención no es novedosa y no es el único recurso, forma parte del acompañamiento a alumnos y familias”, respondía la consejera, quien ha repasado la actuación durante el confinamiento en lo educativo y también con “recursos de apoyo emocional que no hemos descuidado", aseguraba.

El PP se centra en criticar la Ley Celáa y su “imprecisión” sobre los centros de Educación Especial

El diputado Vicente Aroca comentaba que su grupo apoya los argumentos de Ciudadanos sobre los centros de educación especial porque estos alumnos “no pueden perder los tratamientos que reciben” en caso de cierre temporal por razón de la crisis sanitaria, pero centraba su discurso en la ley educativa nacional, la conocida como Ley Celáa, que en su opinión es “unilateral y sin vocación de diálogo con la comunidad educativa”.

El ‘popular’ agitaba el discurso de que el Gobierno de España plantea cerrar este tipo de centros porque la “declaración de intenciones de la ley es imprecisa y genera incertidumbres”, decía para lanzar después preguntas al aire sobre los planes o financiación previstos en este aspecto.

“Ya quedó aclarado, sobre la LOMLOE que no incluye cierres de los centros de Educación Especial”, le respondía la consejera.

De hecho, lo que señala la ley es que en el plazo de diez años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios” para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y que además la Administración continúe prestando el apoyo necesario para que estos centros desempeñen la función de centros de referencia y apoyo a los ordinarios, sin hablar de cierres.

La diputada socialista Cristina López criticaba al PP por su insistencia sobre la Ley Celáa. “Parece que vivimos el día de la marmota, pensé que veníamos a debatir la propuesta de Ciudadanos”.

Acusaba a los ‘populares’ de “lanzar mentiras insistentemente. No se van a cerrar ni los centros de educación especial ni los concertados” y reclamaba “corresponsabilidad” tanto al PP como a Ciudadanos para que apoyen los presupuestos de la región que “garantizan la protección social y refuerzan el sistema de dependencia”.

La Proposición No de Ley de Ciudadanos ha sido rechazada con la mayoría absoluta que ostenta el PSOE pese a los votos a favor tanto de la formación naranja como del PP. 

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