Una sentencia abre la puerta a que se investigue al posible alcalde de Cuenca
El posible futuro alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal (PP), podría ser investigado por un presunto delito de prevaricación en enero de 2011. Siendo concejal formó parte de la Junta de Gobierno local que aprobó mejorar las retribuciones de altos mandos de la Policía Local pese a existir un informe desfavorable de la interventora, un acuerdo que ahora ha pedido que se investigue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
De cara a un posible pacto con Ciudadanos, aunque no hay ningún ‘popular’ “técnicamente imputado”, en palabras del coordinador provincial de la formación naranja, Antonio Carrasco, la sombra de la duda se cierne sobre dos ediles del PP que formarán parte de la nueva corporación municipal, el candidato a alcalde Ángel Mariscal y Carlos Navarro.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), con fecha de 17 de marzo de 2015, abre la puerta a exigir responsabilidades penales a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que, con fecha de 31 de enero de 2011, aprobaron el denominado Anexo al Acuerdo Marco del Cuerpo de Policía Local con el fin de aumentar las retribuciones de altos mandos de la Policía Local pese a que existía un informe desfavorable de la interventora.
En concreto, la sentencia, además de anular dicho acuerdo, considera necesario “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los miembros que conformaban la Junta de Gobierno en el momento de la adopción del acuerdo impugnado”, por lo que se entiende que se abrirá un procedimiento judicial paralelo para investigar un posible delito que podría hacer que Mariscal, Navarro y el resto de concejales que formaron parte de aquella Junta de Gobierno fueran citados a declarar como imputados por un posible delito de prevaricación.
Este proceso de investigación podría llevarse a cabo próximamente o demorarse en el tiempo, esto último sobre todo en el caso de que la sentencia, contra la que cabía recurso de casación, hubiera sido recurrida ante el Supremo. El Ayuntamiento no lo ha hecho ni tiene constancia de que haya sido recurrida, mientras que en CSI-CSIF, sindicato que representó a los trabajadores en el juicio, dudan de si algún trabajador pudo haber presentado el recurso. En el PP aseguran que la sentencia está “suspendida hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo”.
En Ciudadanos tienen claro de que, en el caso de que Mariscal fuera investido alcalde el próximo 13 de junio pero durante su mandato fuera imputado por un posible delito de prevaricación, incumpliría el código de regeneración que su partido ha hecho llegar tanto a Mariscal como a Ávila, por lo que pedirían su dimisión.
Sentencia del TSJCM
Sentencia del TSJCMEn su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de C-LM advierte de que el informe de la Intervención de Fondos desfavorable al acuerdo adoptado en la legislatura anterior advertía que la situación de los créditos de personal del presupuesto era “preocupante” y que si se aprobaba “se acentúa aún más el desequilibrio presupuestario”. “Entendemos que la Junta de Gobierno, al aprobar el Acuerdo Marco desoyendo tan serias advertencias de ilegalidad, ha podido incurrir en un delito de prevaricación”, señala la sentencia.
La que en 2011 fuera concejal de Personal con el PP, Alejandra Barambio, aseguraba sin embargo este jueves que todos los acuerdos de aquella legislatura se aprobaron “con los informes correspondientes y con el visto bueno de la Intervención Municipal y la Secretaría”. Destacaba además que “no hay nadie imputado en este asunto y ni siquiera se han abierto diligencias previas por parte de ningún juzgado contra ningún miembro de la Junta Local de Gobierno que aprobó el acuerdo impugnado”, aunque la sentencia sí abre la puerta a que la justicia investigue y cite a los implicados a declarar.
Esta sentencia compromete así la gestión realizada por el PP en la anterior legislatura y se une a otros casos polémicos como el de Termalia, en el que el exalcalde ‘popular’ firmó a espaldas del pleno un anexo con la empresa que resultaría adjudicataria de la construcción y gestión del espacio deportivo en el que se comprometía a que el Ayuntamiento le destinara 6 millones de euros en diez años en concepto de abonos. En aquel caso, el acuerdo no tuvo validez porque no fue llevado a un pleno en el que el PP no tenía mayoría absoluta, pero la compañía sigue reclamando el dinero.
