El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, condenado a pagar 76.000 por el retraso en diagnosticar y tratar un cáncer

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia en la que se reconoce, como ya hiciera el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real, la condena al SESCAM y a su aseguradora MAPFRE a abonar una indemnización de 76.690 euros, así como los intereses legales desde los seis meses desde la reclamación previa presentada, por un caso de retraso en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de vejiga.

Así lo ha dado a conocer el Defensor del Paciente. “Ha sido un largo camino para la esposa e hija de J.M.G.A. hasta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia”. Fue en el año 2012 cuando esta persona acudió en varias ocasiones al Hospital General de Valdepeñas a consulta de urología presentando hematuria.

Desde enero de 2013 el sangrado se hizo más frecuente. Continuó acudiendo a consultas y en abril de 2014 se le diagnosticó un pólipo en la pared de la vejiga. En junio de 2014 se le realizó una citoscopia que confirmó la lesión vesical compatible con tumor maligno. El 18 de Julio le practicaron un TAC fijándose la intervención para el 28 de julio.

No obstante, cinco días antes se le suspendió remitiéndole al Hospital General de Ciudad Real donde se le puso en lista de espera para cirugía. Entonces, acudió al servicio de Urgencias del Hospital de Ciudad Real los días 12, 20, 31 de agosto y el 2 de septiembre postponiendo su ingreso en medicina interna. Desde ese momento comenzó el empeoramiento hasta que en fecha 21 de septiembre falleció, a los 63 años.

Como reconoce la sentencia y así defendió el letrado D. Francisco Fernández-Bravo, se ha producido un “diagnóstico tardío” del cáncer de vejiga que presentaba, así como el tratamiento del mismo, “estimando la pérdida de oportunidad de haberse curado o mejorado si el diagnóstico se hubiese realizado a tiempo y se hubiera instaurado el tratamiento médico a su debido tiempo”, señala el Defensor del Paciente.

El perito de esta parte y el perito judicial reconocieron cómo desde 2012 había claros síntomas de que podía existir un cáncer de vejiga, siendo el síntoma más importante la hematuria que presentaba. El único perito que se opuso fue el perito de MAPFRE que el Juzgado califica de “opinión... cuando menos totalmente desinformada”, apunta el Defensor del Paciente.

La sentencia de instancia reconoce ese retraso condenando al SESCAM y a MAPFRE al abono de la indemnización de 69.021 euros para la viuda y 7.669 euros para la hija. Una decisión judicial que fue recurrida ante el Alto Tribunal castellanomanchego que ahora ha vuelto a pronunciarse a favor de las demandantes y condena en costas a la Administración “por la temeridad del recurso”.