El Sindicato Unificado de Policía se une al rechazo colectivo a la Ley de Montes
El polémico proyecto de Ley de Montes no deja de aglutinar detractores. Tras la adhesión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a la protesta de los agentes medioambientales contra esta futura normativa, ahora es el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el que ha mostrado su apoyo a ese rechazo, mediante un comunicado público en el que además resalta el papel “estratégico” que estos agentes vienen desempeñando como policía judicial en la investigación de delitos medioambientales.
Con esta decisión, el SUP se une también a otros colectivos como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que ya mostraron su postura en sendos comunicados. Desde la APAM-CLM, la asociación que agrupa a los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, han agradecido estas adhesiones, así como el hecho de que estos colectivos destaquen el trabajo que realizan.
En el comunicado, el Sindicato Unificado de Policía, CCOO, Sindicato de agentes forestales y medioambientales de UGT y AEAFMA piden la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Montes, y argumentan que los más de 6.500 efectivos, entre agentes forestales y medioambientales, “pasarían de ser un cuerpo independiente en su actuación ante posibles delitos ambientales, a convertirse en auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”.
“Hacemos un llamamiento al Gobierno y a los partidos políticos para que tomen en consideración la opinión de quienes desarrollan estas tareas a diario, y que no se lleven a efecto modificaciones normativas innecesarias tergiversando el debate con intereses ajenos a la ciudadanía y el medio ambiente”, añade en sindicato de policías.
De esta forma, considera preceptivo establecer una normativa común a todos los agentes forestales y medioambientales como “garantía de eficacia en su desempeño dentro de cometidos de policía judicial”. Pero afirma después que lo urgente es regular el nivel de estudios mínimos requeridos y la unificación de criterios en la formación que se imparte en las diferentes comunidades autónomas, para alcanzar “una homogeneización de actuaciones, evitar desigualdades y poder conseguir una verdadera y eficaz coordinación entre los distintos cuerpos policiales”.
