'Los 8 de Caixabank', en el día de su juicio aplazado: “Se está tratando a las personas que nos apoyan como delincuentes”

Los activistas conocidos como 'Los ocho de Caixabank' mantienen vivas sus reivindicaciones. Este Miércoles Santo se concentraron frente a las puertas cerradas de una sucursal de la entidad bancaria, “fuertemente protegida por las Fuerzas de Seguridad”. Habían explicado días antes que la “única manera” en la que acudirán al juicio será detenidos, si se celebra a puerta cerrada como lo ha exigido la jueza del caso, María del Carmen Molina, y rechaza la Fiscalía.

El proceso se aplazó una vez más del 28 de marzo. “Sentimos que se está tratando a las personas que nos apoyan como delincuentes. Que están en las mismas condiciones que las denunciadas y no entendemos a qué se refiere esta jueza”, asegura Patricia Carlavilla, portavoz de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.

La convocatoria de hoy era para seguir recordando qué está ocurriendo con este grupo de ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que en 2017 se encerraron en una sucursal de Caixabank de manera pacífica para evitar un desahucio. Ahora, se pide para estas ocho personas tres años y medio de cárcel. El Ministerio Fiscal un año y medio. Un “juicio político”, dicen desde la Plataforma Antirrepresiva, que lo contempla como “una muestra más de una represión generalizada” en España. “Es una situación gravísima e intolerable en un Estado supuestamente de derecho. Estamos ante un juicio político con prejuicio ideológico y moral”, recalcaba Nuria Ramos ante los medios de comunicación.

El colectivo apunta directamente a la jueza Molina Mansilla, quien ha pedido que el juicio sea a puerta cerrada por “la posibilidad de que concurra un ingente número de gente a los juzgados” y que esas personas “puedan encontrarse en las mismas condiciones que los ahora acusados”. “Me gustaría que me explicaran estas condiciones”, recalcaba Ramos. Además, afirma que la jueza también se escuda en la previsible presencia de medios de comunicación para haber decidido que sea a puerta cerrada.

Esta es la última de las “irregularidades” que denuncian en el proceso, que comenzó en 2017 y cuya instrucción se sigue alargando, tras este último aplazamiento. “Lo consideramos un proceso ilegal a nivel jurídico, por la destrucción de pruebas y la dilación. Es un suma y sigue que no podemos dejar que termine aquí, porque es un derecho constitucional y fundamental, que nos atañe a todas”, recalcaba Ramos. Medios de comunicación, ciudadanía, organismos de derechos internacional, “todos tenemos derecho de asistir al juicio para comprobar que se están cumpliendo las garantías”, insisten desde la Plataforma.

En la convocatoria de este miércoles reflexionaban también sobre cómo el juicio se terminará celebrando ante la “falta de protección del Estado” al derecho a la vivienda. “Fue por eso que se ejecutó esta acción en la oficina de Caixabank, sin ninguna violencia. Partimos de que defendemos el derecho a la protesta. Sólo falta que no podamos decir que no tenemos donde vivir”, explicaban en la rueda de prensa.

Desde la Plataforma también agradecen la “importante respuesta a nivel estatal” que está teniendo el caso, con muestras de apoyo de colectivos políticos y sociales. “Este es nuestro caso, pero la realidad es que se está reproduciendo en prácticamente en todo el Estado un modelo de denuncias gravísimas, con peticiones de cárcel impensables alrededor de cuestiones que no son ni delitos penales. No se nos puede olvidar que se está juzgando a gente que entró en una sucursal y que simplemente no querían salir, hasta que fueron retirados sin violencia”, explica la activista.

Desde Amnistía Internacional han tachado la decisión de la jueza de querer celebrar el juicio a puerta cerrada como “contraria a los estándares internacionales sobre juicio justo”, ya que se considera la audiencia pública como “una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial”. En este sentido, abundan: “El derecho a una audiencia pública supone que no sólo las partes, sino también la sociedad y los medios de comunicación tienen derecho asistir. Igualmente, los observadores independientes tienen derecho a asistir para formarse una opinión sobre el cumplimiento de garantías”.

Por eso, creen que en este caso “no concurre ninguna de las excepciones admisibles al derecho a una audiencia pública: garantizar el orden público, la protección de la vida privada e intimidad de las víctimas, el enjuiciamiento de delitos sexuales o la posible afectación a menores”. Además, a esto añaden su preocupación por las penas de privación de libertad que se proponen, “pese a la naturaleza totalmente pacífica de su acción de desobediencia civil”. “Amnistía Internacional espera que la Audiencia Provincial de Guadalajara revierta la decisión adoptada por el juzgado. Cerrar las puertas a un juicio de interés público afecta al derecho a recibir información y genera un efecto desaliento en los defensores de derechos humanos”, concluían.

El sindicato CGT ha asegurado que es “gravísimo” que las grabaciones de seguridad de Caixabank hayan “sido perdidas” y señala a la jueza recordando que “es la del violento interrogatorio a una víctima de violación en Vitoria a la que preguntó ”si había cerrado bien las piernas“. ”Es la misma jueza que le valió a este país una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su presunta “falta de imparcialidad objetiva”. Es la misma jueza denunciada por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACOPAD) por el presunto secuestro de un periodista denunciante de corrupción. Consideramos inaceptable que siga ejerciendo sus funciones como jueza“, recalcan desde el sindicato.

“Hasta la Fiscalía ve esta decisión de la jueza preocupante y contraria a los estándares internacionales sobre juicio justo” como son el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho de las partes a que el juicio sea público“, recuerdan desde CGT.