Una conserje denuncia dos agresiones sexuales en la plaza de toros de Albacete: “Esto no puede seguir pasando”

Era 15 de septiembre. Feria de Albacete, una de las más importantes del país. La jornada había sido elegida como Día de la Igualdad en estas fiestas. Hubo incluso una concentración, un 'minuto de ruido' contra las violencias machistas y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano (PP), proclamaba: “El Ayuntamiento no tolerará ninguna agresión, discriminación, trato abusivo o degradante hacia las mujeres y no dará tregua a los maltratadores”. Pero por la tarde, la realidad se alejaba de los discursos políticos. A las 18 horas, Adela Sevilla, conserje-alguacil del Ayuntamiento, sufría, según ha denunciado a la Policía, dos agresiones sexuales en la Plaza de Toros, donde había sido destinada ese día para ejercer su trabajo. Presuntamente, estos delitos los llevaron a cabo dos hombres apostados en el palco adyacente al de las autoridades municipales.

Adela tiene 60 años y desempeña su puesto de conserje, funcionaria de carrera, desde el año 2005. Se desplaza por las instalaciones y edificios municipales donde el Ayuntamiento le encomienda diferentes labores de manera diaria.

En la corrida taurina de la Feria de Albacete del pasado 15 de septiembre mientras, debidamente identificada, realizaba su trabajo en el palco municipal de la Plaza de Toros, fue objeto de “comentarios inapropiados y gestos insistentes” por parte de un hombre del palco adyacente al municipal.

“Se abalanzó sobre mí”

“Al concluir el festejo taurino, y ya en el momento de abandonar la plaza, otro de los varones ocupantes del citado palco se abalanzó sobre mí sin mi consentimiento, con pretensiones indeseadas. Todo ello presuntamente y como así se acredita en la denuncia”, cuenta esta conserje a elDiarioclm.es, quien prefiere no ahondar en detalles para “evitar el morbo” y por encontrarse los hechos en procedimiento judicial.

Lo ocurrido fue comunicado inmediatamente a los puestos jerárquicos municipales y denunciado ante la Comisaria de la Policía Nacional, así como ante los Juzgados de Instrucción de Albacete. Una denuncia cuya existencia “conoce el Consistorio por recibir en su día información puntual por mi parte”.

Son estos motivos los que llevan a esta mujer a lamentar que el Ayuntamiento de Albacete, pese a su condición de funcionaria pública, no se haya personado como acusación particular en las actuaciones judiciales obrantes ante el Juzgado de Instrucción que tramita las  diligencias de investigación.

Recalca que el Consistorio no ha gestionado ni dirigido el oportuno requerimiento a la empresa concesionaria de la Plaza de Toros, o al presidente del festejo, para la apertura de un procedimiento sancionador correspondiente. “Tampoco asume la defensa directa por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sino que deriva su gestión a defensa externa”, añade. Actualmente, Adela tiene una abogada privada.

El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento le comunicó que no podían prestarle asesoría jurídica porque la póliza con la aseguradora para funcionarios no incluye daños que no sean “corporales”: “No he podido tener ni una baja, por no ser consideradas estas agresiones como accidente de trabajo y no he faltado ni un día y he hecho todos los turnos”.

Considera Adela que dichas actuaciones legales sí le corresponden al Consistorio por poseer la condición de funcionaria pública y por haber acaecido los hechos en el desempeño de su puesto de trabajo y en un lugar público de titularidad municipal. “Todo ello al margen de no haber recibido ni una sola palabra de apoyo o acompañamiento por parte de miembro alguno del equipo de Gobierno ni del alcalde de Albacete”, afirma.

“La indefensión y vulneración de la dignidad experimentadas aquel día, más allá de las repercusiones anímicas que cualquiera puede imaginar, se ven acrecentadas hoy por la falta de apoyo, de defensa jurídica municipal y personal de esta funcionaria pública que, en su condición de mujer, fue agredida durante el desempeño de sus funciones, sin que las palabras de compromiso del alcalde para con las mujeres de Albacete se hayan traducido en hechos hasta la fecha”, manifiesta Adela.

Por todo ello afirma que ha denunciado “por mí y por todas las mujeres” porque “esto no puede seguir pasando”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albacete explica a este periódico que sí que ha habido ofertas de asesoramiento y atención. Argumenta que, como primera actuación, ante la comunicación de los hechos por parte de la trabajadora a su responsable de servicio, se procedió a trasladar la incidencia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se dio “todo el apoyo” a esta trabajadora, “ofreciéndose a acompañarla para denunciar los hechos y para lo que hiciera falta”.

Fuentes municipales también detallan que se realizaron gestiones con la dirección de la mutua para que la trabajadora “recibiera la mejor atención posible” y que se le informó de la existencia de un seguro con cobertura de defensa jurídico-penal a disposición de los trabajadores del Ayuntamiento de Albacete y que se gestiona a través del Servicio de Recursos Humanos.

El 22 de septiembre, una semana después de los hechos denunciados, ese mismo Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento solicitó al Servicio de Cultura que procediera a identificar y en su caso sancionar a los presuntos autores de los hechos denunciados. A su vez también el Cuerpo Nacional de Policía se dirigió a la empresa concesionaria solicitándole esta información, que “se le facilitó de forma inmediata”.

El Ayuntamiento estudia pagar la defensa jurídica

El Ayuntamiento también asegura y documenta que ante la denegación de asistencia por parte de la aseguradora, desde la Alcaldía se decidió prestar la asistencia jurídica a la víctima con medios propios del Consistorio local. El 24 de octubre se formuló una propuesta de resolución por la que se encomendó a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ponerse a disposición de Adela. Pero esta propuesta fue “paralizada” por el oficial mayor: consideraba que al tratarse del “reconocimiento de un derecho que no está expresamente regulado y definido” necesitaba acompañarse de sendos informes del Servicio de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica.

El pasado 28 de octubre, la directora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento emitió informe favorable al reconocimiento de ese derecho de asistencia, estableciendo la necesidad de cuantificar el importe máximo que asumiría el Consistorio en caso de que deban sufragarse los gastos de defensa jurídica de la abogada contratada por la denunciante.

El 16 de noviembre se dictaminó favorablemente por unanimidad de todos los grupos municipales en la Comisión informativa de Recursos Humanos y en la Junta de Gobierno que se celebrará este jueves, día 23 de noviembre, se adoptará el acuerdo definitivo de reconocimiento del derecho.