Fin de los contratos “en precario” para más de 60 trabajadores en una fábrica de Toledo
La situación laboral de más de 1.200 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Toledo se ha visto regularizada, a través de la intervención sindical de CCOO-Toledo y la actuación de la Inspección de Trabajo. Se trata de personal que ha estado sometido a “precariedad y explotación mediante múltiples formas de subcontratación y de fraude laboral”.
El último caso, el proceso más reciente de regularización de más de 60 trabajadores, ha sido en Toledo capital, después de que un grupo de trabajadores acudieran a CCOO para trasladarles su situación laboral. “Fueron contratados en precario durante más de una década por la ETT Tratem Tempora, encadenando contratos con o sin continuidad, algunas veces de lunes a viernes para no pagarles ni cotizar por ellos los sábados y los domingos”, ha relatado el responsable de Acción Sindical de CCOO en Toledo, Javier García.
El sindicato denunció la situación de estas personas ante la Inspección de Trabajo el pasado mes de marzo. Tras constatar los hechos, la Inspección Técnica de la Seguridad Social (ITSS) extendió acta contra la empresa propietaria de la fábrica de La Casera, el grupo multinacional Suntory B&F Spain, y contra la ETT, subrayando que “la conducta sancionada no es la simple utilización indebida de contratos de puesta a disposición, sino una cesión ilegal de trabajadores en toda regla (y) debe reputarse de falta muy grave”.
“De lo más deleznable”
“Lo que han hecho estas dos empresas es de lo más deleznable, tener más de una década a más de 60 trabajadores en esta situación, sin ninguna estabilidad, sin poder hacer planes de futuro, sin poder pedir un crédito, sin cogerse una baja o un permiso por miedo a no volver a ser llamados, entrando y saliendo de La Casera durante años y años; con decenas y decenas de contratos 'eventuales por circunstancias de la producción' para, en realidad, cubrir puestos estructurales de la empresa principal, como recalca la ITSS”, ha denunciado García.
Tras el requerimiento de la Inspección, Suntory B&F Spain ha procedido de inmediato a incorporar a su plantilla a todos los trabajadores listados en el acta de la ITSS, y se suma así a la ya larga lista de empresas radicadas en la provincia de Toledo, muchas de ellas filiales de grandes grupos multinacionales, “forzadas por CCOO a poner fin a prácticas tan irregulares como mezquinas”, agrega el representante sindical.
Empresas
ICSA, AYA, ACI, Extrusiones Toledo; Inael; Aernnova, TOIMSA, Adelsyss, Logifashion, Carreras, GXO, DHL, Minas Santa Marta, Fire Pipping, Lafarge, General Electric, FCC, Novares son algunas de las mercantiles que en los tres últimos años han incorporado a sus plantillas directas a trabajadoras y trabajadores a los que venían subempleando a través de ETTs, de empresas multiservicios o de centros espaciales de empleo; o de falsas cooperativas o como falsos autónomos en el caso de las empresas del sector cárnico como Tello, Incarlopsa o Eurocentro Carnes.
“Todas estas personas forman ahora parte de las plantillas directas de las empresas principales para la que trabajaban y por fin pueden tener una estabilidad en el empleo. Son más de 1.200 personas que han conseguido mejorar sus condiciones laborales y que han visto sustancialmente incrementados sus salarios, en algunos casos en más de un 50%”, ha explicado por su parte el secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez.
“CCOO de Toledo se ha convertido en los últimos tiempos en un referente nacional en la lucha contra el fraude en la contratación, pues las sentencias judiciales y las resoluciones de la Inspección de Trabajo obtenidas por el sindicato en esta provincia están siendo utilizadas a modo de ejemplo a nivel nacional; no en vano nuestra asesoría jurídica ha conseguido doblegar a algunas de las empresas de trabajo temporal más importantes a nivel mundial: Eulen, Adecco, Manpower, Radstand”, indica Pérez.
Negociación y reforma laboral
Pero no todos los procesos de regularización se han producido mediante denuncias a la Inspección o mediante demandas judiciales ante los tribunales; en algunos casos ha bastado con el emplazamiento, la negociación y el acuerdo con la empresa principal. En este punto, ha resaltado Pérez, “hay que poner en valor una de las herramientas que nos ofrece la reforma laboral del actual Gobierno, acordada con los agentes sociales: la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa”.
Finalmente, ha animado a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que crean que su situación laboral está en fraude, que acudan al sindicato. “Existen multitud de herramientas para poder denunciar ese fraude y conseguir que sus condiciones laborales y salariales mejoren sustancialmente”, ha añadido.
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